Colombia atraviesa una profunda crisis social y económica tras la implementación de la Resolución 2057 de 2025, la cual estableció nuevos porcentajes de incremento para los avalúos catastrales en 527 municipios del país durante el año 2026. La medida, que busca reducir el rezago histórico entre los valores catastrales y comerciales, ha generado aumentos que gremios y propietarios califican de “desproporcionados” y “ruinosos” para el sector agropecuario.

Un incremento de “siete cifras”

Desde el primer cuatrimestre de 2026, las alarmas se encendieron en departamentos como Valle del Cauca y Cauca, donde la asociación Procaña reportó incrementos en los avalúos que superan el 2.500.000% en algunos predios rurales. Para muchos campesinos, esto se traduce en una “valoración de papel” que los obliga a declarar renta o perder subsidios del SISBEN, a pesar de no contar con liquidez real.

Parálisis y movilización social

La indignación ha escalado a bloqueos permanentes en vías principales de Santander, Boyacá y el occidente del país. En Santander, el sector avícola advirtió que entre el 30% y el 40% de la producción de huevo y pollo no ha podido salir de las granjas, amenazando la seguridad alimentaria regional. El pasado 9 de abril se llevó a cabo una jornada nacional de protesta donde comunidades rurales de Boyacá exigieron la derogatoria de la norma, bajo la consigna de que no quieren ser “millonarios en el papel para arruinarse en la realidad”.

Válvula de escape: Resolución 0384 de 2026

Ante la presión social, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expidió el pasado 9 de abril la Resolución 0384 de 2026. Este nuevo acto administrativo faculta a las direcciones territoriales de la entidad para ajustar los porcentajes de incremento definidos originalmente en la Resolución 2057, con el fin de corregir distorsiones técnicas y garantizar la coherencia con la realidad productiva de cada zona. Esta medida abre la puerta a mesas técnicas con alcaldes y ciudadanos para revisar los casos más críticos.

El debate en el Congreso

Mientras el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defiende la actualización como una cuestión de “justicia social” para fortalecer las finanzas municipales , la oposición ha interpuesto demandas de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 2057.

En paralelo, avanza un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer topes definitivos al crecimiento del Impuesto Predial Unificado. La propuesta sugiere límites que van desde el 30% para predios de bajo valor hasta un máximo del 300% para los de avalúos superiores a 500 salarios mínimos, evitando así los cobros superiores al 1.000% que permite la normativa actual.

Derechos del contribuyente

Las autoridades recuerdan que, bajo la Ley 1995 de 2019, el incremento del impuesto predial (no el avalúo) tiene un tope general del 50% respecto al año anterior para la mayoría de predios. Los ciudadanos afectados tienen derecho a solicitar una revisión técnica ante el IGAC y a impugnar la liquidación ante sus respectivas secretarías de hacienda municipales si se superan los límites legales.

Investigación realizada con Gemini

Con información de Camacol, Forbes, Infobae y El Tiempo

Foto: La FM