Por: Nilza María Pantoja Agreda
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La reciente toma del Puente Internacional de Rumichaca por comunidades indígenas colombianas ha puesto de manifiesto la delicada situación de seguridad y orden público en la frontera colombo-ecuatoriana. Para nadie es un secreto que Colombia ocupa el primer lugar como productor de hoja de coca, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2024). A esto se suma que Ecuador, que antes era solo un país de tránsito de drogas, se ha convertido en un centro clave para el crimen organizado, ofreciendo no solo una ruta, sino también un punto estratégico de operaciones y un centro logístico. De hecho, se estima que un tercio de la producción de coca en los departamentos fronterizos colombianos pasa a Ecuador, lo que representa aproximadamente 390 toneladas de cocaína al año.
Además, Ecuador ha experimentado un alarmante aumento de la violencia. En enero de 2025, el país registró el inicio de año más violento de su historia, con 781 homicidios, 276 más que en el mismo período del año anterior. Pero el problema no se limita a los homicidios: también hay reportes de trata de personas, extorsión, secuestro, minería ilícita, tala ilegal, tráfico de especies y un descomunal contrabando. En este contexto, el presidente Daniel Noboa decidió extender el estado de excepción en diez zonas del país con alta presencia de bandas criminales.
Ahora bien, más allá de la destrucción de puentes en la zona de frontera por parte del gobierno ecuatoriano—una acción denunciada por comunidades indígenas—, lo cierto es que para los pueblos ancestrales el territorio es uno solo, sin importar si está en Ecuador o en Colombia. Por ello, reclaman la necesidad de una colaboración binacional efectiva. Mientras Colombia busca reconstruir los puentes demolidos, Ecuador muestra poco interés en hacerlo.
Es por esto que las comunidades que bloquearon el Puente Rumichaca la semana pasada, en diálogo con el gobierno colombiano, solicitaron 13 puntos que incluyen la gestión con Ecuador para la reconstrucción de los puentes, el fortalecimiento de la cooperación binacional en la frontera, mejoras en la infraestructura vial, la dotación de maquinaria amarilla, mayor inversión en educación y acción social, entre otros. Estas comunidades esperan que sus demandas sean atendidas y no queden, como tantas otras, en el olvido.
Con este panorama, es imperativo que ambos países fortalezcan sus canales diplomáticos y de seguridad para abordar conjuntamente estos desafíos. La estabilidad de la región depende de soluciones integrales que consideren las necesidades y derechos de las comunidades fronterizas, así como estrategias efectivas para combatir la criminalidad que afecta a ambas naciones. Ah, y también es fundamental que desde las comunidades indígenas exista un compromiso serio para mejorar las condiciones regionales, porque esto es un esfuerzo de ambos lados.
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