“Ya, por favor, no más”

Visión de mujer
Por Elsy Melo Maya
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Es imposible pasar inadvertido el reprochable incidente cometido por algunos integrantes de la Policía Nacional en Bogotá, en contra de la integridad del ciudadano y abogado Javier Ordoñez. No creo equivocarme al decir, no solo que toda Colombia reprochó el hecho, sino que el video que circuló y se convirtió en viral por las redes sociales, provocó indignación, rabia y repudio, frente a quienes se supone, son los responsables de garantizar y proteger los derechos de las personas, en cualquier circunstancia y sin distingo alguno. Pero en este caso por el contrario, se comportaron como unos delincuentes comunes y corrientes, al agredir a una persona que se encontraba, según se conoce, embriagada y en estado de indefensión. No hay explicación alguna para justificar que mientras el señor Ordoñez suplicaba “no más por favor”, ellos continuaran descargando reiteradamente el taser. ¿Esa es la protección que podemos esperar?

Por mi formación profesional y como ciudadana respetuosa de la normatividad que nos rige, comparto la existencia de la Policía Nacional y no en pocas ocasiones he reprochado ciertas manifestaciones agresivas en contra de la institución, pero lamentablemente en situaciones como la ocurrida, es inevitable dejar de manifestar que parecieran olvidar cuál es su papel en la sociedad, y sobretodo, cuáles son sus deberes y obligaciones.

Pues bien, para que todos los integrantes de este cuerpo armado, lo recuerden y nunca se les olvide, me permito transcribir el Artículo 218 del capítulo 7 de nuestra Constitución Nacional, que a la letra dice: “… La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.”

Por otra parte, si bien en la actualidad de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, conocen las cortes marciales o tribunales militares, comparto con quienes consideran que esta disposición legal merece ser revisada, porque no puede ser posible que civiles amparados en el fuero militar, cometan atropellos contar la vida y la integridad de los ciudadanos, comportándose no como agentes de la ley, sino como unos delincuentes con autorización para cargar armas y aplicar la fuerza desmedida y lesiva, para después simplemente alegar que se encontraban en servicio activo y actuaron en relación con el mismo servicio. Casos como el del señor Ordoñez, deben ser objeto de una justicia ejemplarizante, para quienes, equivocadamente creen que un uniforme les da el derecho de asesinar.

Septiembre 14 de 2020

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Author: Miguel Cordoba

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