Por Pablo Emilio Obando Acosta
peobando@gmail.com
Tras el cruento secuestro y asesinato del Personero de Cumbitara, Jimmy Alejandro Rosero, nos corresponde a los colombianos una profunda reflexión sobre el papel y la importancia de estos funcionarios, lo mismo que el rol del Estado y sus instituciones tendiente a brindar protección y seguridad a líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Encontramos que el “pasado 6 de julio de 2023, la Defensoría había emitido alertas tempranas en las que advertía sobre los peligros que enfrentan los funcionarios públicos en la región. En la alerta de inminencia No. 027-23, así como en la reciente No. 008-24 del 26 de octubre de 2024, la Defensoría advertía sobre las amenazas y presiones que padecen los representantes de derechos en Nariño:
“Hacemos un llamado al Ministerio del Interior para redoblar esfuerzos y atender nuestras recomendaciones”, señaló la entidad.
Un simple canto a la bandera que hoy se enluta con el asesinato de un Personero que fue dejado a su suerte y a merced de las manos criminales de quienes osaron enlutar la memoria de los colombianos. Un titular más de abandono y muerte que obliga a muchos a un silencio, un destierro o la pérdida de su vida y de la tranquilidad de sus amigos y familiares.
Desde la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), manifestaron su indignación frente al asesinato del Personero de Cumbitara, Jimmy Rosero, un hecho que, desde su visión, “evidencia la creciente vulnerabilidad de los personeros en Colombia, quienes enfrentan amenazas constantes debido a su labor en defensa de los derechos humanos y el control público”.
Preocupante la actitud de entidades y funcionarios del Estado que abandonan a su suerte a defensores de derechos humanos. Dejan constancia que “En el pronunciamiento, los personeros también afirmaron haber solicitado reuniones con el Ministerio del Interior y otras instancias gubernamentales para abordar los flagelos a los cuales son sometidos, sin embargo, no han recibido “respuesta ni apoyo efectivo”. Cruda realidad que se manifiesta en los altos índices de muertes, amenazas, secuestros y desapariciones de líderes y lideresas que promueven la defensa de la vida y los derechos humanos.
La DEFENSORÍA DEL PUEBLO en reciente comunicado advierte que “Esta entidad llamó la atención del Estado colombiano porque sus alertas tempranas no están siendo acatadas de manera prioritaria, ya que para Nariño se emitieron dos en las que se advertía sobre los riesgos de amenazas y presiones contra funcionarios públicos en la región”.
Por su parte Miguel Ángel Alzate, Presidente de Persocapitales y Personero de Barranquilla aseguró qué “las Personerías Municipales y Distritales son el último eslabón de la cadena de institucionalidad en los municipios más apartados e inseguros del país, somos líderes sociales ‘envestidos’ de lo público, pero olvidados de la protección del Estado que se hace el sordo ante las denuncias y súplicas de los defensores de los derechos humanos”. Solicitó protección inmediata para los personeros amenazados de muerte.
Los personeros merecen especial atención, son ellos los garantes y los voceros de los derechos humanos y en consecuencia los principales señalados por actores armados al margen de la ley.
Indignante que deban señalar que no han recibido respuesta ni apoyo significativo y que, por el contrario, se encuentren con la displicencia de un Estado que los revictimiza con su indiferencia e insolidarIdad institucional. Ante este panorama oscuro y difícil, los personeros manifiestan que “Es imperativo que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de los personeros y demás defensores de derechos humanos en el país. La falta de acción y el desinterés institucional no solo ponen en riesgo la vida de estos funcionarios, sino que también socavan la confianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos”.
Hemos sido testigos de la negligencia e insensibilidad de funcionarios que ante la gravedad de las amenazas se limitan a recitar maquinalmente frases insultas y desesperanzadoras que condenan prácticamente a la muerte a los líderes sociales. O la vergonzosa ruta de protección a la que se deben someter nuestros defensores de derechos humanos. Deben pasar seis o más meses para que se determine si ante las amenazas ameritan una debida protección del Estado.
https://pagina10.com/…/revictimizacion-estatal-a…
Los verdaderos asesinos son estos funcionarios que parecen no entender la realidad de los hechos. A ellos se los debe repudiar y condenar públicamente, denunciarlos ante autoridades competentes y declararlos personas no gratas por parte de la opinión pública. Lloramos la muerte de un Personero, muchos deben elegir el destierro o el silencio.
Lo dejaron solo, aun conociendo en sus pormenores la difícil situación de orden público de su región, las continuas amenazas y el desbordante descontrol del orden público, las incursiones violentas de los grupos alzados en armas y de los permanentes brotes de muerte y terror.
Duele esta muerte. Nos enluta a todos, nos condena a una desesperanza, al tiempo que nos convoca a una reflexión en torno al papel de nuestros personeros y líderes sociales.
Los sicarios de escritorio son tan funestos como los armados. Ellos son tan repudiables como los que ejecutan el arma homicida.
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