El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) enfrenta una de las tormentas financieras y operativas más graves desde su creación. Según denuncias de la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio (VEEDUSALUD) y un reciente informe de la revisoría fiscal, el fondo ha entrado en una situación de “bancarrota” técnica, con un déficit patrimonial que escaló de -$391.000 millones en 2024 a una cifra alarmante de -$3,2 billones al cierre de 2025.

Deterioro financiero y operativo

El informe entregado al Consejo Directivo el pasado 18 de febrero confirma fallas profundas en el control y la ejecución de recursos bajo la administración de la Fiduprevisora S.A. Este desajuste financiero coincide con la accidentada implementación del nuevo modelo de salud (Acuerdo 003 de 2024), que buscaba eliminar la intermediación de las EPS pero ha resultado en un incremento del 125% en los costos operativos sin mejorar la atención.

Las consecuencias son palpables para más de 800.000 docentes y sus familias, quienes reportan un aumento del 36% en las quejas por demoras en cirugías y entrega de medicamentos. En regiones como Nariño, docentes de municipios como Sandoná han denunciado que, tras la entrada del modelo, los convenios con dispensarios locales fueron suspendidos, obligando a los pacientes a desplazarse a otras ciudades solo para encontrar que los servicios no están garantizados.

Escándalo por pagos irregulares

A la crisis asistencial se suma una investigación de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año. Se estima que entre 2024 y 2025 se desembolsaron $458.799 millones sin el debido sustento legal. Una revisión interna detectó que el 56,8% de estos recursos presenta inconsistencias graves, incluyendo pagos a personas fallecidas o a docentes con sentencias judiciales en firme que les negaban el derecho al beneficio.

El pacto para “destrabar” el sistema

Tras el paro nacional convocado por FECODE el pasado 15 de abril, el Gobierno Nacional y el magisterio lograron un acuerdo el 17 de abril para normalizar la atención. El pacto establece un cronograma de dos meses para ajustar la red de servicios y contempla los siguientes puntos clave:

• Seguimiento territorial: Planes específicos por departamento construidos junto a los sindicatos regionales (como SIMANA en Nariño) para ajustar la red de prestadores locales.
• Nueva subdirección de auditoría: Creación de una instancia de vigilancia para controlar el flujo de recursos y prevenir nuevos pagos irregulares.
• Giro anticipado: Implementación de un modelo de pago adelantado a las IPS para garantizar su liquidez y evitar cierres de servicios.

A pesar del presupuesto aprobado de $22,86 billones para la vigencia 2026, los organismos de control como la Procuraduría mantienen una vigilancia estrecha sobre el FOMAG, exigiendo soportes técnicos que justifiquen la viabilidad del modelo ante el hueco fiscal de billones de pesos que hoy amenaza la estabilidad de la salud docente.

Investigación realizada con Gemini

Con información de Consultor Salud, Infobae, El Colombiano

Imgen: Consultor Salud