Teniendo en cuenta que durante el mes de agosto se realiza una gran cantidad de fiestas patronales en los municipios andinos nariñenses, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Nariño, Alba Cecilia Chamorro Carvajal, compromete la responsabilidad de los grupos familiares, administraciones municipales, organizaciones de fiesteros y autoridades públicas responsables del cuidado y protección de las niñas, los niños y adolescentes para  evitar que estas celebraciones religiosas se conviertan en tragedia para nuestra niñez y adolescencia.

Invita a las madres y padres de familia y a los adultos  responsables del cuidado y protección de los niños y niñas a prevenir las lesiones,  quemaduras  y discapacidades producidas por la pólvora, ya que el evitarlo es una responsabilidad y compromiso que comienza en cada hogar, y asegura que “las lesiones, mutilaciones y daños causados por el uso inadecuado, indiscriminado e irresponsable de la pólvora es una forma de maltrato infantil por descuido y negligencia”.

Recomienda tener especial cuidado con el uso inapropiado de la pólvora, puesto que algunas presentaciones como los diablillos y totes están hechas con fósforo blanco, que  puede ser ingerido de modo accidental y directo por niños y niñas en su primera infancia, o al quedarles restos en las manos les puede causar luego  graves lesiones permanentes  e incluso hasta mortales intoxicaciones.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar participa en las jornadas de trabajo lideradas por la Secretaria de Gobierno del Departamento de Nariño y la Secretaría de Salud del municipio de Pasto, con el propósito de avanzar en el componente específico de la estrategia de comunicación  y movilización social para prevenir y evitar el daño a la integridad personal y ambiental causado por el uso inadecuado de la pólvora.

La directora del ICBF en Nariño explica que en el caso de haber niños, niñas  y adolescentes quemados con pólvora se hará el correspondiente proceso administrativo de restablecimiento de derechos a las víctimas, incluyendo según sea cada caso la participación obligatoria de sus familias que deberán realizar un curso formativo en pautas de crianza, y según la gravedad de las circunstancias los infantes y adolescentes pueden ser protegidos en hogares sustitutos o instituciones de protección, e incluso en caso extremo  las familias pueden perder la patria potestad.