Por Pablo Emilio Obando Acosta
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El reciente y fuerte pronunciamiento de los alcaldes de varios municipios de Nariño no es un simple reclamo administrativo: es un grito colectivo de alarma frente a una decisión del Gobierno Nacional que amenaza con asfixiar a los territorios más frágiles del país. El recorte de recursos anunciado no solo golpea las finanzas locales, sino que pone en entredicho el discurso oficial de equidad territorial y justicia social.

La reacción de los mandatarios municipales ha sido de abierta rebeldía institucional. No se trata de un desafío caprichoso, sino de la defensa elemental del derecho de sus comunidades a contar con inversión social, obras básicas, programas de salud, educación y atención a poblaciones vulnerables. Para muchos de estos municipios, cada peso transferido desde la Nación marca la diferencia entre avanzar o retroceder décadas.

La inconformidad es profunda y está sustentada en una realidad inocultable: Nariño es uno de los departamentos históricamente marginados en la distribución de recursos, afectado por la pobreza estructural, el conflicto armado, el abandono estatal y las dificultades geográficas. En ese contexto, reducir las transferencias equivale a condenar a los municipios a la parálisis administrativa y social.

Pero el escenario es aún más preocupante. Según las declaraciones de los propios alcaldes, algunos municipios podrían ser recategorizados y otros, en el peor de los casos, perder su estatus administrativo para convertirse en corregimientos. Esta posibilidad no solo representa un retroceso institucional sin precedentes, sino una humillación política para comunidades enteras que han luchado durante años por su reconocimiento y autonomía.

La incertidumbre es total. Nadie sabe con claridad cómo se compensará la pérdida de recursos, qué programas desaparecerán ni cuántos proyectos quedarán en el papel. Lo que sí es claro es que los más afectados serán los ciudadanos: campesinos, jóvenes, adultos mayores y sectores populares que dependen de la inversión pública para sobrevivir.

Frente a este panorama, el llamado de los alcaldes a la unidad cobra una relevancia histórica. Más allá de colores políticos o afinidades ideológicas, los mandatarios locales han entendido que solo una posición firme, conjunta y visible puede frenar una medida que consideran injusta y peligrosa. El estado de alerta declarado no es retórico: es una advertencia seria al Gobierno Nacional sobre las consecuencias sociales y políticas de persistir en este camino.

Nariño no pide privilegios. Exige respeto, coherencia y responsabilidad fiscal con enfoque social. Mantener a los alcaldes en la cuerda floja es, en realidad, mantener a miles de familias al borde del abismo. Y esa es una carga que ningún gobierno que se precie de democrático debería estar dispuesto a asumir.

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