Columna Desde Nod por Alejandro García Gómez

El negocio de (muerte) la salud
“…Creyó y practicó que la salud, más que un
derecho humano fundamental, es un negocio muy rentable que hay que aprovechar y
administrar muy bien. Que el Estado más que un garante efectivo de derechos
sociales debe ser un facilitador del mercado. Que la salud de los negocios y de
los grandes capitales nacionales y transnacionales amerita el sacrificio y la
pérdida de derechos duramente logrados por millones de trabajadores…”
.

La
afirmación la hizo el Médico Saúl Franco, Ph D, profesor de la U. Nacional,
refiriéndose al exministro Juan Luis Londoño (qepd), documento impreso, febrero
de 2003. La Ley 100 de 1993 fue su creación siendo ministro de salud del ex
presidente César Gaviria, ahora adalid antineoliberal: la salud pública
privatizada se convirtió en uno de los mejores negocios, a costa del trabajo y
la vida –la muerte- de las gentes trabajadoras, y de la corrupción
institucionalizada a la tapada
. Su ponente y defensor fue el senador Álvaro
Uribe Vélez. Con la Ley 100/93 “(se) logró…la más radical reforma a la
concepción de la salud y a las prácticas de la compra-venta de servicios
asistenciales de salud en la historia de Colombia” (ibid). Ni el Partido
Liberal ni el Conservador se opusieron entonces, y ahora han seguido en la
misma posición de indiferencia, al igual que lo hacen el Partido de la U,
Cambio Radical, el cuestionado PIN, etc., con la diferencia de que hoy
pretenden lavarse las manos, por boca de algunos de sus dirigentes, los mismos
que siempre han callado.

Antes bien, a mediados de 2008 –segundo
gobierno de Uribe- se pretendió hacer un reajuste peor, por el ministro sucesor
de Londoño, Diego Palacios. Argumentando congestión en los juzgados, el
propósito, dijo, era acabar para siempre con el derecho de tutela a la salud
pública, pero se cuidó de decir que lo que buscaba era mejorar la rentabilidad
del negocio
. Pretendía que, desde 2009, cada enfermo costoso pagara de manera
diferencial sus dolencias, es decir, que cada achacoso se curara y pagara,
cuota y medicinas. Tamaña infamia no pasó. Uribe siempre calló y escuchaba.
¿Era su idea?
Entre fines de 2009 y comienzos de 2010,
nuevamente el gobierno Uribe II pretendió “empeorizar” –perdón el barbarismo-
la prestación de los servicios de salud, por el mismo Digo Palacios, con el
apoyo de los partidos de la coalición uribista. En una acción de masas sin
precedentes y con la valentía de la Honorable Corte Constitucional de entonces,
en 2010 se tumbó el criminal Decreto Ley de Emergencia Social
. Dos grandes
fracasos muy seguidos para el gobierno: inexequibilidad de su segunda
reelección el 26 de febrero de 2010 y el caso en comento en marzo del mismo
año.
Hoy el Presidente Santos anuncia un paliativo:
inyección de 1,2 billones de pesos (dólar 1800 pesos actuales) al sector en dos
meses, comenzando con 450.000 millones
. Depuración de EPS’s, eliminando a las
“corruptas” (vendrán demandas y corrupción?). Un “Fogafín” para la salud,
parecido al que salva a los bancos particulares en quiebra. Hay otras promesas.
Pero son lenitivos que no atacan el problema de fondo: nuestro modelo de salud.
Este está concebido como un negocio: ganancia de grandes cantidades de dinero y
propenso a la corrupción. Y somos uno de los países más corruptos del mundo. La
solución sería quitarle su carácter mercantil y volverlo humano, por acuerdo de
partidos, liderado por el ejecutivo
. Dirán, es una propuesta ingenua; Sí, pero
si no, vamos al caos total. Además, ¿Podrían también los partidos llevar como
propuesta ante la ONU para que considere que quien(es) por interés grupal o
particular arriesguen la vida de seres humanos con la salud sean considerados
como criminales de lesa humanidad? ¿Es sólo responsable de genocidio el que
dispara u ordena matar a una muchedumbre o a una población o a una etnia para
acabarla? Quien se lucra con la muerte a gran escala por ganancia de prebendas,
¿no lo es? 22.VII.12
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Author: Miguel Cordoba

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