Tomado de www.elespectador.com
El Consejo de Estado aseguró que Gustavo Estupiñán, representante del Partido Liberal, “propició voluntariamente la aplicación diferente de los dineros públicos” al no vigilar que un miembros de su unidad de trabajo legislativo cumpliera con sus funciones.
En un fallo de primera instancia, la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura No.° 27 del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura al representante a la Cámara por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán, del Partido Liberal, al considerar que el congresista, al no cuidar que uno de los miembros de su unidad de trabajo legislativo (UTL) cumpliera con las funciones asignadas, propició una “indebida destinación de dineros públicos”.
La acción judicial por pérdida de investidura en contra de Estupiñán fue instaurada por José Manuel Abuchaibe Escolar, quien en su demanda intentó demostrar que el congresista había incurrido en una de las causales para esa sanción porque vinculó a la unidad de trabajo legislativo a su cargo a un ‘recomendado’, el sobrino del diputado Alvin Quiñones, sin que se le exigiera prestar servicio público, cumplir horario de trabajo y tampoco se le informó cuál era su sitio para laborar”.
El funcionario de la UTL en cuestión es Jahír Alexánder Mena Quiñones, quien ostentaba el cargo de Asistente I en el equipo de trabajo del representante y cuyo cargo era funcionar como “enlace” entre el legislador, el municipio de Tumaco y el departamento de Nariño. Sin embargo, la sala especial del Consejo de Estado hizo la claridad de que, si bien Mena Quiñones es sobrino de Alvin Quiñones, diputado del departamento de Nariño, gerente de la campaña electoral del congresista y cercano a su estructura política, ese elemento “no es plena prueba de que el congresista lo hubiese nombrado en la UTL como cuota política o para realizar actividades proselitistas como lo afirmó el convocante de la pérdida de investidura”.
Lo que sí hizo el tribunal fue indagar si las funciones que supuestamente cumplía Mena Quiñones en Nariño tenían relación con la actividad congresional del representante a la Cámara. De hecho, gran parte de la defensa de Estupiñán se apoyó en una presunta reunión que Quiñones habría organizado en esa región el 3 de marzo de 2018, argumentando que en ella se logró conseguir información importante que fue el insumo para iniciativas legislativas, como la que buscaba que Tumaco fuese reconocido como distrito especial, entre otros.
El Consejo de Estado no encontró relación entre la gestión de Quiñones y dichos proyectos legislativos. De hecho, aseguró que el que reconocía a Tumaco como distrito especial no era de su autoría, sino de unos senadores, y que tampoco tuvo participación en discusiones de otro par de iniciativas que se mencionó en la defensa del congresista. A pesar de esto, el congresista autorizó los pagos de salarios a Quiñones.
Sobre el control en la labor del miembros de su UTL, Estupiñán señaló al tribunal que “la organización de la UTL es de confianza y que como representante a la Cámara no puede estar 24 horas en seguimiento de cada miembro del equipo; que no exige informes porque la ley no lo obliga pero que, en todo caso, cada miembro del equipo de trabajo tiene sus propias carpetas; que también habla con los integrantes de la UTL sobre los avances de cada tema y que en ocasiones algunos le envían informes de los temas”.
Por su parte, el Consejo de Estado aclaró que “si bien los congresistas están autorizados, por razones del servicio, para fijar el trabajo de los empleados de su UTL en sede distinta a la del Congreso de la República (Bogotá) y a establecer la jornada y horario de trabajo en forma flexible, como nominadores o superiores jerárquicos, dentro del normal ejercicio de sus funciones tienen la obligación de velar porque sus subalternos cumplan de manera eficiente y eficaz sus obligaciones”.
Para el tribunal, “como el señor Mena Quiñones no desempeñó las funciones del empleo que le asignaron y el congresista autorizó el pago de los mismos en los términos ya señalados, de dicho comportamiento se deriva que el señor Representante a la Cámara Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, propició voluntariamente la aplicación diferente de los dineros públicos y con ello distorsionó la finalidad prevista para los mismos, pues con su aquiescencia se hicieron pagos de salarios y emolumentos injustificados sin que mediara justa causa en su comportamiento, con lo cual privilegió el interés particular del señor Jahir Alexander Mena Quiñones en contravía del interés general”.
El congresista podrá apelar esta decisión al tratarse de un fallo en primera instancia.
Foto: Twitter @g_estupinan
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