Por Pablo Emilio Obando Acosta
peobando@gmail.com

La reciente decisión que sanciona con destitución e inhabilidad por diez años a dos excuradores urbanos del municipio de Pasto no solo marca un precedente disciplinario de gran envergadura, sino que abre una grieta profunda en la confianza ciudadana frente a uno de los eslabones más sensibles del desarrollo urbano: la expedición de licencias de construcción. La falsificación de documentos, conducta por la cual fueron hallados responsables, no es un hecho menor ni aislado; por el contrario, plantea interrogantes estructurales sobre el alcance de sus actuaciones durante el tiempo en que ejercieron funciones públicas.

Más allá de la sanción, que en sí misma representa un mensaje de control institucional, la preocupación central debe trasladarse a los efectos que pudieron derivarse de sus decisiones. ¿Qué ocurrió durante el periodo en que estos funcionarios ejercieron como curadores urbanos? ¿Cuántas licencias de construcción, subdivisión o adecuación fueron expedidas bajo su firma? ¿Cumplían realmente con los requisitos técnicos, normativos y legales exigidos por la ley? Estas preguntas no pueden quedar en el aire, ni mucho menos diluirse en la inercia burocrática.

Las curadurías urbanas cumplen un papel determinante en la configuración de las ciudades. Son las encargadas de verificar que los proyectos constructivos respeten las normas de ordenamiento territorial, los parámetros de seguridad estructural, las condiciones de habitabilidad y los derechos de terceros. Cuando esta función se ve comprometida por actuaciones irregulares, el impacto no es únicamente administrativo: se traslada directamente a la vida de los ciudadanos.

Es aquí donde emerge un aspecto aún más delicado: los posibles afectados. No es descabellado pensar que detrás de cada licencia irregular pueda existir una familia que adquirió una vivienda confiando en la legalidad del proceso. Edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, proyectos inmobiliarios que ofrecieron condiciones específicas y que, eventualmente, pudieron haber incumplido lo prometido en términos de diseño, calidad o seguridad. La diferencia entre lo ofertado y lo entregado podría ser, en estos casos, la manifestación concreta de una cadena de irregularidades que apenas comienza a visibilizarse.

Por ello, resulta imperativo que las autoridades competentes —disciplinarias, penales y administrativas— amplíen el foco de la investigación. No basta con sancionar a los responsables directos; es necesario rastrear cada uno de los actos administrativos que emitieron, revisar los expedientes, auditar los proyectos aprobados y verificar en terreno las condiciones reales de las construcciones. Allí, en los barrios, en los edificios ya habitados, en las obras que hoy hacen parte del paisaje urbano de Pasto, pueden encontrarse las huellas de decisiones que hoy están bajo cuestionamiento.

La institucionalidad tiene en este caso una oportunidad para reivindicar su papel garante de los derechos ciudadanos. La transparencia no debe limitarse a la sanción, sino extenderse a la verdad completa de lo ocurrido. La ciudadanía de Nariño merece saber si existieron irregularidades sistemáticas, si hubo redes de complicidad o si se trató de actuaciones individuales. Y, sobre todo, merece respuestas claras frente a las posibles afectaciones a su patrimonio.

Pero más allá del esclarecimiento, se impone la necesidad de reparación. Si se comprueba que hubo ciudadanos perjudicados por decisiones irregulares en la expedición de licencias, el Estado debe activar mecanismos que permitan la restitución de derechos, la compensación de perjuicios y la corrección de las fallas estructurales detectadas. La confianza en las instituciones no se reconstruye únicamente con sanciones ejemplarizantes, sino con acciones concretas que devuelvan a los afectados lo que les fue vulnerado.

Finalmente, este episodio invita a una reflexión más amplia sobre los controles existentes en el ejercicio de las curadurías urbanas. ¿Son suficientes los mecanismos de vigilancia? ¿Se requiere fortalecer los procesos de selección, seguimiento y evaluación de estos funcionarios? La ciudad no puede quedar expuesta a decisiones que comprometan su desarrollo ordenado y seguro.

Hoy, las curadurías están en el ojo del huracán. Y no es para menos. Lo que está en juego no es solo la legalidad de unos actos administrativos, sino la seguridad, el patrimonio y la confianza de toda una comunidad. Que este caso no se cierre con una sanción, sino que se convierta en el punto de partida para una revisión profunda, transparente y, sobre todo, justa.

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