La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 025 de 2026 para los municipios de Ricaurte y Mallama, en la subregión del Piedemonte Costero de Nariño, ante el grave escenario de riesgo derivado del pacto de coexistencia armada entre el grupo Comuneros del Sur (escindido del ELN en 2024) y el Frente Iván Ríos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Dicho acuerdo, estructurado desde 2024, les ha permitido distribuirse el control territorial, dominar las rutas de narcotráfico transfronterizas hacia Ecuador, controlar el tráfico vehicular y de mercancías sobre la troncal Vía al Mar y captar las rentas provenientes de la minería ilegal. Sin embargo, la ruptura de la mesa de diálogos del Gobierno nacional con la CNEB en agosto de 2026 elevó el riesgo de choques armados en el corto plazo, abriendo la puerta a posibles incursiones del ELN tradicional o del autodenominado Estado Mayor Central (EMC).
Tercerización sicarial y control social
El informe defensorial constató que estos grupos armados han tercerizado actividades delictivas con bandas y facciones como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) —con enlaces en Ecuador con estructuras como Los Lobos y Los Choneros—, la Nueva Urías Rondón Frente 37 (que suplanta identidades del EMC) y redes delincuenciales de la zona como Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos. Estas organizaciones operan como brazos sicariales, ejecutan el cobro de extorsiones (‘vacunas’) e imponen medidas de vigilancia y castigo sobre las comunidades.
Esta imposición armada vulnera la autonomía y la pervivencia de los pueblos indígenas Awá (adscritos a Camawari y Uripawa) y Los Pastos del Gran Mallama, así como a campesinos, líderes sociales, firmantes de paz, comerciantes, transportadores y menores en riesgo de reclutamiento forzado. En Mallama, la violencia elevó la tasa de homicidios a 67,37 por cada 100.000 habitantes en 2026.
Entre los hechos más graves reseñados figuran la masacre de tres integrantes de una misma familia en el resguardo Edén Cartagena (Ricaurte) en febrero de 2026 —entre ellos una mujer en su último mes de gestación— y el asesinato de tres jóvenes en la vereda Chucunés (Mallama). A estos crímenes se suman los homicidios selectivos de líderes como Aurelio Araujo (Camawari) y su esquema de protección en junio de 2025, Moisés Marcos López (Aico) en septiembre de 2023 y el firmante de paz Yonnis Orfilio García en junio de 2023.
Graves infracciones al DIH
El documento advierte sobre sistemáticas transgresiones al Derecho Internacional Humanitario, destacando la interceptación armada de una ambulancia de la ESE de Ricaurte en agosto de 2025, donde actores con fusiles obligaron a descender a la misión médica y ejecutaron al paciente en remisión. Asimismo, se mantiene la amenaza por instalación de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en los caminos ancestrales de los resguardos.
Frente a esta crisis humanitaria, la Defensoría formuló 29 recomendaciones con enfoque de seguridad humana y protección colectiva dirigidas a las instituciones del Estado. La entidad exhortó a desplegar acciones urgentes de disuasión y mitigación de amenazas que eviten el exterminio físico y cultural del pueblo Awá, protejan a Los Pastos y garanticen la vida en los corredores del Piedemonte nariñense.
Fuente e imagen: Defensoría del Pueblo
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