Por Ricardo Mora Goyes*
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Sigo sin entender por qué cada nota que publica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible relacionada con la deforestación termina hablando solo de la Amazonía. ¿Es la inercia del discurso o es una política consciente de dejar por fuera el Chocó biogeográfico, el Caribe, la Orinoquía y los Andes? Y cuando hablo de los Andes, quiero aclarar que no me refiero solo a los páramos —otra inercia del discurso—, sino a los bosques altoandinos, andinos y subandinos, así como a los subxerofíticos, humedales de montaña, entre otros.

También debo hacer claridad que, según la Ley 1333 de 2009, en su artículo 10, la acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción ambiental. Parece que, para las autoridades, la deforestación debe sancionarse solo si se demuestra en flagrancia o cuando lo que quedó del bosque aún echa humo.

Con esto quiero enfatizar que, aunque los bosques de los Andes ya prácticamente no existen por, entre otras causas, la expansión de la frontera agrícola, no quiere decir que su tala no pueda ser judicializada. Lamentablemente, estos pasivos ambientales, que en Colombia suman más de 24 millones de hectáreas, han terminado legalizándose por esta miopía en el control, la vigilancia y la justicia ambiental.

Los Andes y demás regiones biogeográficas de Colombia reclaman también justicia ambiental y verdaderas acciones de restauración ecológica.

*M.Sc. Biólogo – Universidad Nacional de Colombia. Magister en Ciencias – Nova Southeastern University, Fl. USA

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