Endulzando las
palabras

Por Iván
Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

Visitando la
zona del desastre que más ha impactado a Colombia después de lo sucedido en
Armero, Mocoa vive hoy su peor desgracia. La capital del departamento del
Putumayo que hasta las once de la noche del 31 de marzo era anónima ante los
ojos del país, pasó a ser la ciudad por todos conocida, y no es para menos; una
calamidad de esta magnitud no puede pasar a la ligera por la mente humana.
Lamentablemente es en este pasaje de la historia donde los mocoanos se
visibilizan a ojos de la inversión pública.

En el lugar de
los hechos, las cosas no son como las exponen los pulpos informativos
capitalistas del país; como dijo un mocoano en medio de su desesperanza, “el
tigre no es como lo pintan”. Agregó el damnificado: tuvo que pasar una tragedia
para que el gobierno atienda a la comunidad; no es justo, puntualizó el
infortunado hombre. Nadie puede desconocer que era una avalancha anunciada así
como otras en Colombia que discretamente hacen fila. La discusión está sobre la
mesa, la pelota va y viene, todos rehúsan responsabilidades y el juego de pin
pon continúa.

Las personas
fallecidas de alguna manera se las contabiliza; existen mecanismos sencillos
para cuantificar víctimas fatales; contrario a la cifra de desaparecidos que
por obra de magia bajó de ochocientos a menos de ciento cincuenta. Analizando
el área del incidente y tomando como referencia una sencilla cartografía se
puede proyectar un cálculo aproximado de desaparecidos que al parecer superan
las tres mil personas. Moradores del sector muestran su desacuerdo por la cifra
oficial de desaparecidos que en nada dice de la realidad. Varios sobrevivientes
coinciden en indicar que cientos de familias 
se las llevó el fango, borrando absolutamente cualquier rastro.

Hay que
entender que los puntos que recibieron el impacto devastador eran
concentraciones de gente vulnerable en su mayoría. Se convirtió en el lugar
predilecto de desplazados, provenientes del mismo Putumayo, Huila y Caquetá. La
Lógica concluye que por instinto cuando el humano adolece de recursos
económicos, la tendencia es buscar sitios de mínima exigencia para
establecerse, en este caso las riveras de la quebrada Taruca y los ríos
Sangoyaco y Mocoa. Desde el ángulo que se mire, el resultado es el mismo,
riesgo alto.

Ante la
pregunta ¿Quiénes son los responsables?, respuestas no se dejan esperar:
alcaldía municipal, gobernación del Putumayo, gobierno nacional, las familias
que irresponsablemente se ubicaron en esos lugares, en fin, una serie de
respuestas pero ninguna efectiva ante la sentida demanda. La endémica violencia
y la tragedia en Mocoa son consecuencia del abandono estatal que por décadas se
ha acomodado en el seno de estas regiones. Este departamento igual que Nariño y
los demás ubicados en el occidente y sur del país tiene la misma radiografía:
desidia gubernamental.

Desde la misma
prensa hasta funcionarios de gobierno ignorantemente opinan sobre un tema tan
complejo, empezando que la raíz de este desorden es la mala distribución de las
inversiones. La misma legislación limita presupuestalmente a los entes
territoriales para temas de conocimiento y mitigación del riesgo. Los
presupuestos se ciñen a un imperativo diseño del Fondo Monetario Internacional,
cuya proyección es ajena a la necesidad comunitaria, deteriorando
progresivamente la poca estabilidad de las poblaciones vulnerables.

‘El tigre no es
como lo pintan’, si de buscar responsables se trata, el primer juzgamiento
sería para el régimen que desconoce la real necesidad de los pueblos. Gracias a
este sistema de gobernanza, los territorios supuestamente no rentables a la
hacienda nacional nunca han sido priorizados en la distribución de la
inversión. Colombia y el mundo observó la catástrofe porque otra persona se las
contó, desconociendo la dimensión de la misma. Según información de la vecindad
son miles los desaparecidos que la prensa no ha enfocado, restándole verdadera
importancia y de paso alcahueteando responsabilidades.

La Ley 1523 de2012 es explicita en las competencias y responsabilidades de las entidades del
Estado, asimismo expone los procedimientos para la política de la gestión del
riesgo de desastres. Lo que no contempla es de donde salen los recursos para
llevar a la práctica esta normativa. No se puede negar que la literatura legal
y jurídica es perfecta, lastimosamente como otras leyes colombianas,
simplemente sin financiación, equivalente a tener mama pero muerta. A un mes de
este lamentable episodio, Mocoa llora su desgracia y capotea el abatimiento,
sin saber hasta dónde llegará su esfuerzo.

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