Por: Iván Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

Paradójicamente en la semana que termina se
escucharon dos noticias que deben preocupar y concientizar a toda la ciudadanía
colombiana: por un lado el disciplinado informe “¡Basta ya! Colombia: memorias
de guerra y dignidad” que trata sobre el conflicto armado que libra nuestra
nación desde el año 1958, donde se expone con precisión el número de víctimas
mortales, lisiadas, secuestros, extorsiones, en fin, muchos hechos
victimizantes propios de una cruenta guerra; y por el otro, la absurda decisión
del gobierno de retirar la Oficina de los Derechos Humanos adscrita a la
Organización de las Naciones Unidas.

Cada vez se entiende y se cree menos en las
decisiones políticas tomadas por parte del gobierno central; mientras con la
mano se pactan compromisos sociales aparentemente coherentes a las necesidades populares, con el codo todo se
borra. Claro está que por encima de cualquier directriz administrativa, priman
las pautas neoliberales dirigidas desde el país del norte, que en el fondo solo
es acatar las ideas expansionistas y mal intencionadas del gobierno del ‘Tío
Sam’.

Más preocupante aún, cuando el informe sobre
la violencia colombiana demuestra que el 80% de las víctimas corresponden a
población civil, entendiéndose que este despiadado conflicto afecta
directamente al ciudadano común y corriente, lastimando de muerte al tejido
social nacional. Se alcanza a percibir que el ‘plomo’ alcanza a todo mundo,
nadie está exento de la barbarie de la guerra.

Sin embargo, un selecto grupo de compatriotas
insisten por todos los medios para que este sistémico flagelo bélico continúe
indefinidamente, no importan los millares de nacionales que sigan perdiendo la
vida, solo interesa la rentabilidad financiera y las coyunturas
político-electorales que pueda salir de este maquiavélico juego. Un hecho que
ha servido para medir las capacidades de convicción y responsabilidad popular
es el actual ‘proceso de paz’, que perfectamente nos arroja los prototipos de
dirigentes o seudo-dirigentes que gobiernan a Colombia. Es el escenario ideal
para catear pulso.

Según esta investigación sobre la guerra
colombiana, más de 220.000 muertos se registran desde finales de la década de
los cincuenta hasta la fecha, siendo la mayoría perpetradas por grupos
paramilitares, en menor proporción la guerrilla. Es inconcebible desde todo
punto del entendimiento, aceptar que el país anda bien por lo tanto no se hace
necesario contar con apoyo internacional respecto a la protección de los
Derechos Humanos…  sabemos todos que es
una gran falacia las expresiones del ejecutivo, más cuando argumenta que la
justicia interna es suficiente para atender semejante problemática.

Las cifras demuestran la progresión y
agudización de la guerra, de igual modo refleja la ineptitud del Estado para
atender y solucionar todas las acciones violentas producto del conflicto. Los
casos de impunidad y limitada investigación sobrepasan el 75% del total de los
hechos. Con esta magnitud, Colombia necesariamente debe hacerse del permanente
apoyo de la Oficina de los Derechos Humanos, sabiendo que es uno de los países
en el mundo donde más se los viola.

¿Que gana el estado colombiano al evitar que
la Oficina de los Derechos Humanos permanezca en el país? Sabiendo que está
comprobado la inoperancia del esquema judicial… la estructura gubernamental no
es acorde a los requerimientos del pueblo; las políticas aplicadas en gran
parte van en contravía de los intereses de las mayorías… encajan en este refrán
muy conocido: “en el país de los ciegos el tuerto es rey”… no hay brújula de
gobierno. Domingo, julio 28 de 2013

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