Feminicidio en Samaniego

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Visión de mujer

Por Elsy Melo
Maya
Un
desafortunado suceso se registró contra la señora Yurany Ortega, asesinada en
días pasados con 8 impactos de arma de fuego. Pero como si el número de
impactos no fuera suficiente para demostrar que esta clase de delitos de
género, pretenden lograr la mayor afectación posible, fue atacada en presencia
de su hijo, un menor de 8 años.

Otro caso
doloroso cometido contra una mujer de 24 años, dedicaba a “la venta de minutos”
para mantener su hogar. Y muy seguramente, otro que tendrá las mismas connotaciones
que muchos anteriores: avances lentos en la investigación, conclusiones que más
bien parecen suposiciones de lo acontecido y que lo etiquetan como un crimen
más, donde la mujer es la constructora y responsable de su propia desgracia

Y
si no preguntemos: ¿qué ha pasado con las muertes de Margaret Lagos Leyton, Johana
Toro y otras, ocurridas en el mismo municipio?
Esa es la triste realidad. Salvo
determinadas situaciones que logran despertar especial interés de la ciudadanía
y los medios de comunicación, concluyen por la presión ejercida, con la
aplicación de la justicia en su justa proporción. Pero esa es la excepción, no
la regla general.

Con razón
suficiente, el primer informe del Observatorio de Género y Medios de
Comunicación de la Universidad Central y la campaña “No es hora de callar”, al
analizar las publicaciones relacionadas con esta clase de delitos en 20 medios
de comunicación, entre Marzo de 2015, fecha en que se sanciona la Ley 1761
contra el feminicidio y hasta septiembre de 2017, concluye que el 90 por ciento de las
notas periodísticas, no hacen seguimiento ni una investigación juiciosa sobre
el proceso judicial, no citan las fuentes, utilizan expresiones como “crimen
pasional, celos e infidelidad” llegando incluso a legitimar los hechos
,
agravándolos con la re-victimización de la mujer, como ocurrió en 897 casos
revisados.
Lo propio
ocurre con ciertos funcionarios de aquellas entidades responsables de procurar protección
a la mujer, justicia y reparación integral, que niegan la existencia de la
violencia de género, cuando deberían estar capacitados para el abordaje y la
intervención adecuadas en los casos de violencia contra la mujer con enfoque de
género
, para poder brindar efectivas garantías de transparencia y justicia. La
sociedad así lo reclama.

Noviembre 27 de
2017

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