En una reunión realizada en el Ministerio de Hacienda, los gobernadores del país y el Gobierno Nacional avanzaron en acuerdos clave para evaluar los impactos del Decreto 1474 de 2025 sobre las finanzas territoriales, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal de los departamentos y la protección de los derechos sociales financiados con rentas propias.

• Puede leer Gobernador de Nariño fija postura frente al Decreto 1474 de 2025 y pide concertación con el Gobierno Nacional

Durante el encuentro, el Gobierno Nacional reiteró que, conforme a la propuesta expuesta por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en caso de presentarse afectaciones en los ingresos departamentales derivadas de cambios en los impuestos a licores y tabaco, la Nación asumirá los mecanismos de compensación necesarios. De igual manera, ratificó el sustento constitucional de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica y la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando como prioridad nacional.

En este escenario, el gobernador de Nariño lideró una postura propositiva, sustentada en criterios jurídicos y técnicos, y destacó la importancia de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los decretos de emergencia. Además, propuso incorporar medidas de salvaguarda adicionales que protejan a los departamentos frente a eventuales caídas en el consumo legal y en sus rentas propias.

“El análisis que sustenta estas medidas se basa en un mercado de licores que hoy ya no existe. Pasamos de un esquema de monopolio a uno de libre competencia, y eso cambia por completo el comportamiento del consumo y de los ingresos territoriales”, explicó Escobar Jaramillo, al recordar que en Nariño las rentas por licores se redujeron de 69 mil a 39 mil millones de pesos tras la apertura del mercado.

Como resultado de esta intervención, se acordó la conformación de una mesa técnica permanente entre los departamentos y el Ministerio de Hacienda, con el fin de hacer seguimiento al comportamiento de los tributos, evaluar impactos reales y definir mecanismos de compensación oportunos, especialmente de cara a la ejecución del presupuesto de 2026.

El mandatario departamental reiteró que esta discusión no es política, sino de responsabilidad fiscal y protección de derechos. “Anticiparse, sustentar con datos y exigir compensaciones cuando corresponda es una obligación con la ciudadanía. Esa es la manera seria y responsable de gobernar”, puntualizó.

Desde Nariño, el Gobierno Departamental reafirmó su compromiso con el diálogo institucional, la defensa técnica del territorio y la construcción de soluciones conjuntas que permitan atender la emergencia económica sin debilitar las finanzas de los departamentos ni afectar la inversión social.

Fuente y foto: Gobernación de Nariño