Por primera vez en el departamento de Nariño
la bancada parlamentaria se pone de acuerdo en un tema trascendental en el
ámbito social, económico y político como es la minería. En los últimos
encuentros realizados por dirigentes gremiales de este importante sector de la
economía regional y apoyada por el actual mandatario de los nariñenses, se ha
ido decantando la idea de brindar todo un espaldarazo al proceso de
formalización de la minería tradicional y/o artesanal en el suroccidente de
Colombia.

No se
puede desconocer que esta región sur del país es de inmensa potencialidad
minera en metales, como: oro, plata, molibdeno, manganeso y por supuesto las
canteras de minerales aptos para la construcción. Los tres distritos mineros
(La Llanada, Barbacoas y Pasto) en el 
momento agrupan a los municipios dedicados a esta actividad, siendo
relevantes las explotaciones auríferas en la cuenca del río Telembí y en el
sector de la Llanada. Sin embargo existen municipios de gran reservorio en
metales preciosos como Santa Cruz de Guachavéz y Mallama pero que hasta el
momento su explotación ha pasado desapercibida para las comunidades pero
ambiciosa  para multinacionales que ya
han formalizado solicitudes de concesión.

Lastimosamente y  como en cualquier política que apunte a la
globalización económica, siempre la clase obrera  directamente será afectada por estas
disposiciones gubernamentales y el gobierno colombiano no es la excepción. Para
nadie es un misterio que uno de los países con mayores disposiciones jurídicas
es Colombia, la mayoría inoperantes o como ocurre en muchos de los casos no se
las conoce. Aunque una de las funciones del congreso es crear leyes y toda la
normatividad que supuestamente rigen el equilibrio jurídico, social, económico,
cultural y ambiental, también se ha convertido en un cuerpo legislativo que
actúa bajo la primicia particular de defender a toda costa un mandato
neoliberal en beneficio de un selecto grupo de ciudadanos que solo piensan en
una explotación irracional de los recursos y el fortalecimiento de la banca
mundial, por encima de las necesidades del pueblo.

Según el gobierno central, el tema minero hace
parte activa de una de las locomotoras de la prosperidad social, siempre y
cuando se la maneje a gran escala. Hasta el momento la minería tradicional y/o
artesanal es la piedra en el zapato tanto a nivel legal como jurídico,
convirtiéndose en una prioridad para la próxima legislación retomar el famoso
“Código Minero” que en días pasados se cayó en la Corte Constitucional por no haber
hecho partícipe a la comunidad en su formulación y no manifestar un
procedimiento legal como la consulta previa.

A partir del 20 de julio entrará a debate la
reforma minera, y es este el escenario perfecto para que la bancada congresista
de Nariño ratifique su posición en favor de la defensa territorial,
especialmente con la minería tradicional y/o artesanal. Es imperativo popular
insertar en esta normatividad la actividad minera de pequeña extracción de tal
manera que beneficie las aspiraciones de miles de familias campesinas que por
años vienen aprovechando este medio para su diario sustento. Esta es una prueba
de fuego para nuestros representantes sureños, ya que en esa instancia
mostraran la defensa de su gente, a través de una propuesta seria y coherente
producto de una serie de manifestaciones que los pequeños mineros ya han
concluido.

Por otro lado, el debate no se puede enfrascar
en una discusión en que si es minería tradicional o pequeña minería, está claro
que si hablamos de pequeña minería, se entiende que es el primer paso para
conformar el eslabón a una explotación a gran escala. No se puede caer en este
juego de palabras, debido que los conceptos son diferentes estructuralmente.
Siendo este un punto vital para iniciar con pie derecho la defensa del objetivo
propuesto.