Por: Maria Elvira
Bonilla

Tomado de

www.las2orillas.co

La magistrada Mónica
Rosero lidera la protesta que frenó, gracias a una tutela, la aplanadora del
aparato judicial que manda desde el Palacio de Justicia.

Es una magistrada
quien hasta el 30 de enero pasado era la Presidenta del Tribunal Superior de
Pasto la que preside el recién creado sindicato Asojusur, Asociación de
Servidores Judiciales del Sur. En menos de una semana logró convocar a más de
200 servidores de ese distrito judicial que comprende todo el departamento de
Nariño: magistrados, jueces, secretarios, asistentes sociales, sustanciadores,
escribientes y citadores de todos los juzgados civiles y de familia para alzar
su voz de protesta frente a unas órdenes imposibles de cumplir impartidas,
mediante Acuerdos, por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura que no consultaban la realidad de la rama judicial en Pasto.

Se llama Mónica
Rosero, y a pesar de estar escalafonada en el nivel más alto de la carrera
judicial como magistrada de Tribunal Superior, no dudó en liderar la protesta,
salir a la calle y acompañar las asambleas permanentes después de tocar todas
las puertas institucionales en Bogotá: la Sala Administrativa, el Ministerio de
Justicia, quienes no dieron solución oportuna a los reclamos que por el
contrario fueron respaldados incondicionalmente por el gobernador de Nariño,
por el alcalde de Pasto, los congresistas nariñenses, los Diputados, los
Concejales Municipales.

Habló con quien pudo
para buscar una salida razonable a la
emergencia judicial que generaban las instrucciones llegadas de Bogotá antes de
tener que recurrir a la protesta de hecho para ser oídos, como ocurrió con la
declaratoria de paro del pasado 18 de enero que se prolongó hasta el 10 de
febrero. Este pudo ser levantado gracias al fallo de tutela proferido por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto que tuteló su derecho al trabajo en
condiciones dignas, suspendiendo 
provisionalmente la entrada en vigencia de la oralidad, hasta tanto no
se den las condiciones mínimas requeridas. (Ver tutela)

La  Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, mediante el Acuerdo No. 10392, había tomado la decisión -a pesar
de tener plazo hasta el 1 de enero de 2017- de implementar en todo el país y
desde el 1 de enero de 2016, el Código
General del Proceso que impone el sistema oral en todos los procesos que se
tramitan en los juzgados civiles y de familia, sin tener en cuenta que de los
33 distritos judiciales, en 10 distritos, incluido Pasto, nunca había entrado a
regir el sistema oral aprobado por la Ley 1395 de 2010. Se sabía que los
distritos judiciales, no contaban con los requerimientos mínimos para ingresar
a la oralidad, como son salas de audiencia, capacitación suficiente para jueces
y empleados, despachos sin congestión, equipos de audio y de video, etc. y por
esto estipularon los plazos.

La magistrada Rosero
habla a con vehemencia y convicción cuando narra las grandes dificultades a las
que se enfrentaron los seis juzgados civiles municipales de Pasto cuando en enero,
al regreso de las vacaciones colectivas, se los obligaba a aplicar la oralidad
teniendo una congestión alarmante, pues la terminación de todas las medidas de
descongestión el 31 de diciembre de 2015 y la no creación de juzgados de
ejecución de sentencias por parte de la Sala Administrativa, conllevó a la
devolución de más de 16.000 procesos a esos escasos juzgados civiles
municipales, haciendo humana y logísticamente imposible cumplir con sus
funciones jurisdiccionales. El escenario resultaba angustioso porque con la
llegada de la oralidad llegaba también la presión de la evaluación de
resultados por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Urgía actuar.

Cuatro juezas civiles del Circuito de Pasto fueron claves para la creación del nuevo sindicato: Liliana Miran, Ana Cristina Cifuentes, Nubia Jaramillo y Mónica Rosero Foto las2orillas.co

Muy seguramente Mónica
Rosero nunca se habría imaginado liderando protestas en las calles de su ciudad,
que le traían a la memoria los  tiempos
de la Universidad de Nariño, ni ayudando a organizar un sindicato, pero las
circunstancias lo volvieron imperativo. Para alguien convencida de la justicia
como valor rector de la sociedad, formada en una familia de juristas y una vida
profesional entregada al servicio de la rama judicial, actuar con rectitud y
convicción es algo sobre lo cual no le cabía ninguna duda. Era el momento para
buscar que esa misma justicia empezara por casa y obrara en beneficio no sólo de los servidores
judiciales sino de los ciudadanos de todo el departamento de  Nariño que requirieran de la administración
de justicia para dirimir sus conflictos particulares. Se trataba, en
conciencia, de una causa justa.

Con la Asociación
constituida, el cese de actividades llegó casi que por añadidura con el apoyo
unánime de todos los servidores judiciales. Tal como era de esperarse, la
protesta tuvo una reacción negativa entre los magistrados de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá. Una Sala
atrapada en dificultades de gestión al punto de haber sido incapaz de ejecutar
54.000 millones destinados al mejoramiento de la tecnología en la rama judicial
y que terminaron siendo devueltos al presupuesto nacional, a finales del 2015.

Desde el 11 de
noviembre del 2014, cuando el Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada
nariñense Stella Conto Díaz del Castillo, tumbó la elección de Pedro Munar y
Francisco Ricaurte como magistrados de la Sala Administrativa, ésta no se había
podido recomponer por la omisión de la Corte Suprema de Justicia en nombrar a
sus reemplazos. Solo a finales de enero,
después incluso de la presión de los paros judiciales en distintas ciudades del
país, la misma Sala Administrativa nombró provisionalmente para ocupar las dos
vacantes a la exfiscal Martha Lucia Zamora y al exauditor General de la
República Iván Gómez Lee, quienes permanecerán en el cargo hasta que se supere
el impasse con el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, producto de la reforma al
sistema y el que no ha podido constituirse por la lluvia de demandas de quienes
defienden la permanencia del Consejo Superior de la Judicatura o están atados a  intereses de otro tipo.

La tradición rebelde
que ronda el sur del país, desde los tiempos de Agustín Agualongo, irradió el
temple para que los servidores judiciales de Nariño permanecieran firmes dentro
de un movimiento de protesta que logró juntar desde los citadores de los
juzgados municipales hasta los magistrados del Tribunal superior. Con la
decisión a favor proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto se
levantó el paro y se convirtió en un campanazo de alerta para llamar a la
acción oportuna a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El escenario ha cambiado y la nueva presidenta de la Sala, Martha Lucia Zamora,
ha dado señales de mejor trato y de tener voluntad política para concertar con
los servidores judiciales, mirando a las regiones. Zamora, quien se estrenó en
el cargo hace poco, espera contar con el respaldo mayoritario de sus compañeros
de Sala para profundizar las mesas de concertación semanales, con miras a
implementar un mejor modelo de centros de servicios en la rama judicial más
allá de Bogotá.