Visión de mujer
por Elsy Melo Maya
elsy.ya@hotmail.com

El repudio fue generalizado por parte del pueblo colombiano, ante los soldados acusados de violar a la niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda, quienes ante evidencia irrefutable, aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo: seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice de semejante atropello contra la menor.

La niña de 12 años, habría sido secuestrada y violada por soldados regulares que se encontraban prestando su servicio militar obligatorio. Ante los hechos el Juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, decidió enviarlos a prisión. Por su parte el Fiscal General de la Nación, fue enfático en recalcar que “Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia” y el Presidente de la República manifestó que si toca “inaugurar la cadena perpetua” aprobada en el Congreso con este caso, así se hará.

Muy bien por la celeridad con que se actuó. Ese es el “deber ser” para todos los casos y con todos los delitos, y más si se trata de hechos punibles contra nuestros menores, indistintamente de su raza o condición social. No obstante, si bien soy una de tantas personas que valoran el trabajo y el compromiso de las fuerzas militares y en diversos casos he reprochado las actitudes de agresión de la ciudadanía en su contra, por hechos ocurridos en el cumplimiento de su deber, en esta ocasión comparto plenamente el repudio para con estos delincuentes que en vez de garantizar la seguridad de una menor, lo que hicieron fue abusar de su condición de integrantes de la fuerza pública y hacia allá va mi cuestionamiento. ¿Qué está pasando al interior de estas instituciones, en qué condiciones o bajo que controles están ejerciendo sus funciones? No existe una explicación mediadamente razonable para que 7 soldados entre los 18 y 22 años decidan cometer juntos semejante acto de barbarie contra una menor indefensa.

De ahí la importancia de la investigación ordenada por la Defensoría del Pueblo, para establecer “las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho“, bajo la premisa que “cuando la violencia sexual además es cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación de los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad” Esperaríamos una investigación real que permita la toma de decisiones efectivas y no el tapa –tapa que ocurre con tanta frecuencia en el país.

Julio 6 de 2020

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