Mediante el Decreto 297 expedido el 5 de octubre de 2026, la Gobernación de Nariño determinó la reclasificación territorial del departamento, que pasará de primera a segunda categoría fiscal para la vigencia 2027. La medida se tomó tras constatar que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) certificados no alcanzaron el umbral financiero mínimo exigido por la Ley 617 de 2000 para mantenerse en el rango superior.

Según el acto administrativo, Nariño reportó ingresos de libre destinación por $230.575 millones de pesos y un nivel de gastos de funcionamiento equivalente al 39,19 % de dichos recursos. Aunque el indicador de gasto se mantiene dentro de los márgenes de prudencia fiscal, el monto total recaudado ubicó al territorio en el segundo escalón de la clasificación departamental del país.

Impacto en los límites de gasto y la administración

El cambio de categoría implica ajustes en los marcos regulatorios de la gestión pública departamental:

• Techo para gastos de funcionamiento: Al pasar a segunda categoría, el tope legal que la Gobernación puede destinar a gastos de funcionamiento aumenta del 55 % al 60 % de sus ingresos corrientes de libre destinación. Aunque esto no implica un incremento automático en el gasto ni en la contratación de personal, sí otorga un mayor margen legal a la administración.
• Límites salariales y escala de remuneración: La clasificación fiscal incide en los topes máximos autorizados para los salarios de las altas autoridades territoriales. La aplicación concreta de estos ajustes dependerá de las escalas salariales y decretos reglamentarios que defina la Asamblea Departamental y el Gobierno Regional para 2027.
• Seguimiento a la inversión social: El reto central para las finanzas públicas consistirá en evitar que el mayor margen de funcionamiento termine presionando la nómina o reduciendo la disponibilidad de recursos de inversión destinados a vías, infraestructura de salud, educación y programas sociales en los 64 municipios de Nariño.

Ante este panorama, analistas y sectores comunitarios coinciden en que la decisión administrativa exige explicaciones claras por parte de la Secretaría de Hacienda sobre la evolución del recaudo tributario y las medidas de austeridad que se aplicarán para garantizar que la inversión en el territorio no sufra traumatismos durante el próximo año.

Con información e imágenes de Diario del Sur