Por Sergio López Arias
checho027@gmail.com
En los discursos de campaña, los políticos tienen absolutamente clara la prioridad de los derechos fundamentales de los niños. No obstante, esa misma claridad parece desvanecerse con el transcurrir de los días en el ejercicio administrativo, donde el efecto del cemento en calles y grandes obras prioriza la agenda del devenir público. Al final, serán estas las que dejen réditos políticos: “lo que se vea, es lo que se hizo”. Pareciera que, cuando hablan de los niños y jóvenes, se asume que sus derechos están garantizados y que la necesidad del presupuesto público podría ser parte de las agendas de las grandes obras de cemento.
No es un secreto que los recursos públicos son finitos, especialmente para muchos entes territoriales que hoy enfrentan profundos problemas de endeudamiento público. Sin embargo, la prioridad en la inversión se sustenta en la Constitución Política de 1991, en especial en los derechos fundamentales. Cuando un mandatario de una entidad territorial, como ordenador del gasto, se sienta con su equipo de gobierno a definir la ejecución del presupuesto, no tiene una discrecionalidad absoluta; es decir, no es libre de decidir a su antojo qué obras realizar en el territorio. Siempre tendrá un límite en los derechos fundamentales establecidos en la carta política de 1991. Esta situación obliga a las diferentes corporaciones públicas, Concejos municipales, Asambleas departamentales y al Congreso de la República, que son los encargados de aprobar el presupuesto respectivo.
En este contexto, surge la pregunta: ¿qué acciones administrativas garantizan en sus municipios el cuidado y la protección de los niños, especialmente aquellos hijos de madres solteras que deben quedarse en casa los fines de semana mientras sus madres buscan formas de empleo para su manutención? Pregúntese por un momento: ¿qué hacen estas madres con sus hijos? ¿Dónde los dejan? ¿Bajo el cuidado de quién? ¿Quién los alimenta? Es aquí donde nos encontramos con la dura realidad de muchos territorios en Colombia, donde las madres solteras, muchas de ellas con empleos nocturnos y de fin de semana, dejan a sus hijos solos en casa desde el jueves, o al cuidado de vecinos, muchos de ellos encargados de sus propios hermanitos, hasta el lunes o martes. Niños a merced de la suerte, esperando que la vida les cuide y les proteja.
¿Acaso en su territorio no sucede esta situación? Este es un llamado a los niveles del poder ejecutivo, en particular en los municipios como núcleos del territorio. No es posible seguir reconociendo gestiones centradas en cemento o eventos artísticos cuando a muchos niños se les están vulnerando flagrantemente sus derechos. Estas vulneraciones deben activar en el territorio a los órganos garantistas de los derechos humanos, y, en su caso, proponer las acciones constitucionales pertinentes que recuerden a esos mandatarios que los recursos públicos deben priorizarse en lo más sagrado: los niños. No podemos ser indiferentes e indolentes ante estas realidades; nuestros niños están en mayor riesgo cada día, y los recursos públicos parecen alejarse de ellos. El problema es que los mandatarios, o no ven las realidades, o el retumbar de sus equipos de gobierno como comités de aplausos, nublan su visión.
Felicitamos el proyecto “Arrullo”, el primer jardín infantil nocturno del Valle del Cauca, y esperamos que se replique en cada uno de nuestros territorios.
-
-
-
-
-
