Salud sin financiación

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Visión de mujer
Por Elsy Melo
Maya
El pasado
viernes entró en vigencia la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, la cual
ambiciosamente pretende garantizar ese derecho fundamental y que los
colombianos tengan acceso a todos los servicios médicos, con excepción de aquellos que con la participación de  sociedades científicas y  sectores de la salud, se determinó  excluir después de un riguroso análisis. 

Es
decir, que las limitaciones denunciadas
por los pacientes en cuanto  a la
formulación de las mismas “pastillas”
para todas las patologías, terminarían, pues los médicos en adelante podrán formular de manera autónoma y con base en su criterio. Se espera que el gremio
actúe con la responsabilidad necesaria frente a su paciente, pero igualmente
frente al sistema.
Como suele
ocurrir con tantas normas existentes, la pregunta no se deja esperar ¿Será esta
la solución frente a la crisis que vive el Sistema de Salud?
No se trata de
negar las dificultades que  enfrenta un
paciente para lograr una oportuna y adecuada atención, pero aunque lo más fácil
es limitarse a cuestionar  el pésimo
servicio y/o supuesto enriquecimiento ilícito por parte de las EPS’s e IPS’s,
existen claras evidencias de situaciones que de manera progresiva, incrementan
el costo en la salud y deben ser analizadas. 
Es el caso de los fallos de tutela
absolutos y sin límite alguno, emitidos en muchas ocasiones, pensado más bien en pecar por
exceso frente al paciente. Es claro que todos los actores del sistema deben
actuar con conocimiento y aplicando los
controles y límites de manera rigurosa
, si de verdad  se pretende
garantizar un efectivo servicio  para
todos los colombianos.
Adicionalmente
y por mas normas que se dicten, tampoco habrá recursos suficientes si se
continúa con la estafa que los mismos usuarios realizan
, por ejemplo: aquellos
que teniendo las facilidades económicas, aparecen con nivel 1 o los pacientes de alto costo que
toman su enfermedad como la oportunidad
de hacer negocio con la reventa de los medicamentos que reciben, por solo
nombrar las prácticas más comunes. 
Es decir, la corrupción entre los usuarios
existe y afecta gravemente la estabilidad del sistema tantas veces cuestionado.
La ley es un avance, ¿pero está garantizada su financiación? Es el gran
interrogante.

Febrero 20 de
2017

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