Sentimiento de culpa burocrática

Por Iván Antonio Jurado Cortés
Hace meses atrás el disgusto de los actuales
alcaldes y gobernadores era generalizado, a razón que saboreaban en carne propia una desdicha más, y todo gracias
a la calentura desesperada de don ‘Juanpa’, cuando en tiempo de campaña rumbo a
la reelección presidencial prometió como de costumbre, que se igualarían las
fechas electorales, con el propósito de evitar tropiezos en la inversión
pública por la aplicación de la famosa ley de garantías
.

Pasaron los arrebatos y ha llegado la calma,
el pretendiente logró el objetivo, sus cáfilas se acoplaron a la ansiedad
gubernamental, mientras que las raíces burocráticas primarias y secundarias han
quedado en el aire. Cuando todo se veía venir dentro de una lúgubre normalidad,
interiormente se cocinaba otra maquiavélica propuesta, y como dicen por allí,
para saldar una deuda con sus subalternos, se propone que la ley de garantías
debe abolirse
.
Este planteamiento envenenado es otra
parsimoniosa salida del ejecutivo en el afán de cumplir promesas, y que las
mismas no le permiten su apacibilidad clientelista. Bastó que el ejecutivo prenda el mechero, para que la
polémica se encendiera, generando opiniones divididas
. La Federación Colombiana
de Municipios a través de su representante legal, ha brindado total espaldarazo
en favor de derogar la maltrecha ley de garantías.
Pero como estamos en Colombia, un país experto
en crear leyes y al mismo tiempo violarlas, la ley de garantías nunca se ha
aplicado a cabalidad, empezando desde su posición altruista, seguido de la
entramada operatividad, que al final termina siendo vulnerada por la exigencia
atropelladora de la hamponería estatal; sin embargo, ha servido para mermar la
velocidad de acciones preelectorales desprendidas de los intereses
gubernamentales
.
Nadie puede decir lo contrario de que todas
las administraciones locales y regionales así sean en mínima intención, han
infringido la normatividad, facilitando el actuar delictivo por encima del
preceptivo de garantías. Antes de eliminar la mamaracha medida legislativa que
ha calmado la voracidad de sendos devoradores del erario público
, hay que tener
en cuenta que los entes territoriales municipales y departamentales no son fianza de ética y
confianza en la inversión pública.
Obviamente que el congreso de la república
analizará el proyecto derogatorio a conveniencia, mirando las consecuencias
electorales de sus bastiones en todo el eslabón burocrático. Desde ya se
observan planteamientos negativos a la ponencia, especialmente de los partidos
que no tienen representación en el orden local y departamental. Lo irónico es
que la oposición a la nociva intención del presidente se soporta en intereses
amañados y no de conveniencia ciudadana
.
Se escucha y lo recitan en coro gremial: “La
ley de garantías es un esperpento que impide invertir los recursos de las
regiones”; es igual a expresar que el ‘agua moja’; pero el problema no es si se
aniquila al adefesio, sino el momento en que lo quieren realizar. La igualdad
de periodos electorales pudo haber sido una buena salida
, solo que se tenía que
efectuar ajustes, especialmente en la prórroga de los salientes mandatarios.
Un sentimiento de culpa burocrática golpea
duramente el corazoncito del ‘jefe’, está terminando con su buen sentido del
humor; ahora confía de que su corte marcial le haga el trabajito, para
cumplirles así sea en mínima cuantía a los que algún día les ofreció el cielo y
la tierra
.
La acracia electoral sería inevitable de
llegarse a aprobar semejante proposición. No es un secreto que alcaldes y
gobernadores, tienen afectos representados en sus propios candidatos
. El
derroche de la ‘platica’ pública no se dejaría esperar. No habría garantías
para los demás candidatos, hecho que obligaría a procedimientos en muchos casos
irregulares, para intentar igualar las cargas. El gobierno está a punto de dar
otra puñalada más a la apaleada democracia.
Domingo, marzo 29 de 2015
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Author: Miguel Cordoba

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