En Colombia la Consulta Previa se regula por la Ley 21 de 1991, que incorpora al derecho nacional el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por la Constitución Política de Colombia en el artículo 330, que dice palabras más, palabras menos: cualquier acto o proyecto que afecte directa o indirectamente a comunidades indígenas o tribales, debe ser consultado previamente para garantizar sus derechos y proteger sus intereses culturales y territoriales.
Ahora bien, la Corte Constitucional en varias sentencias ha mencionado que aunque el desarrollo y el interés general son importantes, no pueden prevalecer automáticamente sobre los derechos de los pueblos indígenas sin un proceso de consulta y una evaluación adecuada de los impactos, pero también el DNP establece en el CONPES (3762) los “Lineamientos de Política para el Desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos – PINES”, con miras a la identificación y priorización de proyectos en hidrocarburos, minería, energía, e infraestructura y menciona a la consulta previa como una de las grandes dificultades para el desarrollo de grandes proyectos que necesitan las regiones y la sociedad en general. Por otra parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en su circular No. 12 de este año, coincide con la Corte, pero también menciona que no se debe utilizar la consulta para negociar de forma individual con algunos miembros de la comunidad. En fin, voces a favor y en contra, muchos, sin embargo, es indudable que los principales desafíos incluyen la dificultad de llegar a acuerdos por la complejidad del proceso de consulta y la descoordinación entre las partes.
Sea como sea, en Colombia varios proyectos se han truncado no solo por consultas sino por licenciamientos ambientales, y en esto Nariño tiene experiencia, o acaso olvidan los 16 kms que le hacen falta a la doble calzada entre Ipiales Pasto?, pues los indígenas se quedaron sin el pan y Nariño sin el pedazo de vía, que hoy puede llegar a costar más de 300.000 millones vs 120.000 que costaba en ese tiempo, con un agravante, hoy no hay plata para terminarla y no se ve por ningún lado, y ojo, podemos repetir la historia con el aeropuerto de Ipiales, donde los indígenas piden se reabra la consulta previa y el Ministerio del Interior, indica que este ya surtió en al año 2010, y de alguna manera entiendo al gobierno porque si la reabre, podría hacer efecto dominó sobre otras que cursan en esa entidad, pues según información de ese ministerio aproximadamente el 83,2% de los proyectos no se requiere adelantar consulta previa.
A propósito, una buena salida, en caso de no avanzar con la consulta, si el interés indígena no es de unos poquitos sino regional, es llevar a cabo una mesa de garantes, con gobernador de Nariño y alcalde de Ipiales a bordo para cumplimiento de acuerdos, porque el gobierno nacional ya anunció que de no llegarse a un pacto, esa platica, que ronda los $ 160.000 millones, la vuelve a perder Nariño y lo más seguro es que se la lleven para otro lado, con lo difícil que esta traer recursos a los territorios y vea… Si eso pasa, Nariño podría decir cero y van dos. Oiga, a propósito, ¿en ese Ministerio no tenemos a dos paisanos en altos cargos para que den una manito, con esto? ummm, Virgencita de Las Lajas… socórrenos!
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