Con una inversión superior a $3.272 millones, la Unidad para las Víctimas entregó 459 indemnizaciones administrativas a personas afectadas por el conflicto armado en Tumaco, durante una jornada institucional que también permitió evaluar avances en la implementación del Auto 620 de 2017, emitido por la Corte Constitucional para proteger a comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico nariñense.

La jornada hizo parte de la estrategia “Del escritorio al territorio” y fue liderada por el director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, quien estuvo presente en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Tumaco y encabezó espacios de diálogo con autoridades locales, líderes sociales y representantes de comunidades.

“Con esta acción impactamos a muchas víctimas que llevaban entre cinco, diez y hasta quince años esperando esa reparación administrativa. Hoy no solo entregamos un dinero, hoy entregamos dignidad, justicia y una señal clara de que el Estado sí puede estar en los territorios”, afirmó Romero Polanco.

Durante el evento, las personas beneficiarias manifestaron su gratitud por recibir esta medida. “La inversión que haré es arreglar la casita porque está bastante deteriorada. Como adulta mayor, quiero que mi casa esté en buen estado y pido que la paz llegue para que esto no continúe”, expresó Teoticia Alarcón, una de las beneficiarias.

También participó en la jornada el representante a la Cámara por la Curul de Paz del departamento de Nariño, Gerson Montaño Arizala, quien destacó que el trabajo articulado con la Unidad para las Víctimas ha permitido acelerar los procesos de entrega: “Esta dinámica, que se ha venido fortaleciendo desde el trabajo parlamentario, ha permitido hacer los procesos más eficientes, brindando solución a muchas víctimas que llevaban años esperando”.

La jornada también sirvió para fortalecer la articulación con las organizaciones étnicas y recoger las percepciones de las comunidades sobre el avance en el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Constitucional. Líderes comunitarios participaron activamente en mesas de trabajo y seguimiento a los compromisos establecidos.

El evento se llevó a cabo en el marco de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, creada para dar cumplimiento al Auto 620 de 2017, que forma parte del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Esta medida busca atender de forma prioritaria las situaciones de violencia, desplazamiento forzado y riesgo de exterminio físico y cultural de comunidades étnicas en 10 municipios del Pacífico nariñense.

El Auto 620 ordena acciones urgentes frente a problemáticas como confinamientos, presencia de grupos armados ilegales, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, cultivos ilícitos y minería ilegal.

Como integrante de la Comisión, la Unidad para las Víctimas ha liderado acciones clave del Plan Urgente de Reacción y Contingencia, incluyendo jornadas de documentación de solicitudes de indemnización, auditorías a solicitudes de organizaciones étnicas, consultas previas, participación comunitaria, caracterización de sujetos de reparación colectiva y formulación de planes integrales con enfoque étnico.

Actualmente, en los municipios del Pacífico nariñense existen 28 sujetos de reparación colectiva, especialmente en Tumaco y Barbacoas. La mayoría se encuentra en fases de alistamiento y caracterización, mientras que otros han avanzado en la implementación de medidas concretas.

Según el Registro Único de Víctimas, con corte al 1 de julio de 2025, Tumaco registra 211.213 víctimas, de las cuales 121.113 pertenecen al pueblo afrocolombiano y 22.868 a comunidades indígenas. En todo el departamento de Nariño, se han reconocido 656.552 víctimas, y durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha invertido más de $282.000 millones en indemnizaciones.

Fuente y foto: Unidad para las Víctimas