Por: Iván Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

Colombia es un país muy diverso étnico,
cultural, ambiental y económicamente, motivo que le exige a sus gobernantes ser
sensatos y equilibrados al momento de tomar decisiones políticas en pro de las
comunidades. Su diversidad poblacional hace que se formen ideologías acordes a
las necesidades sentidas de sus habitantes, manifestando que el 70% de los
colombianos son procedentes o están dentro del estigmatizado sector de los
‘humildes o pobres’;

La historia colombiana ha ido mostrando el
proceso de decantación de áreas de progreso y desarrollo, facilitando la
organización de sus habitantes de acuerdo a condiciones específicas generadas
por el entorno, tales como la calidad de la tierra, condiciones climatológicas
entre otras, que influyen directamente en la viabilidad de los asentamientos
poblacionales. Sin olvidar lo más importante que es la etnia. Es cierto, la
mayoría de nacionales somos provenientes de los indígenas, sin embargo los
porcentajes raciales son de diferente grado, concentrándose mucho más en
pobladores alejados de las grandes urbes.

Hoy las investigaciones científicas arrojan
resultados sorprendentes en cuanto al avance intelectual del hombre,
demostrando que la capacidad humana es producto de factores como la genética,
pero también en un alto porcentaje la calidad alimentaria y el medio ambiente.
Con esto la disculpa de ser tercermundistas no cabe como argumento en la baja
producción de ciencia. Colombia por encontrarse en un lugar estratégico dentro
del continente americano, posee ventajas para aprovecharlas en un desarrollo
integral de la sociedad; desafortunadamente, el sistema gubernamental
implantado no ha permitido hacer uso de las bondades geográficas y
topográficas, limitándose solo a ser una herramienta de transferencia
tecnológica y rampa de impulso capitalista para inversionistas extranjeros.

Y hablando de ubicaciones bondadosas, el
departamento de Nariño no se queda atrás, con una extensión aproximada de
33.268 km cuadrados y una población media de 1.747.711 habitantes, es una de
las regiones mejor radicadas dentro del suelo colombiano. Su posición al
suroccidente del país, con fronteras internacionales, junto al océano pacífico
y frente a países potencias mundiales como Japón y China, es la tierra más
privilegiada para emprender un verdadero desarrollo social. Paradójicamente,
Nariño es hoy sinónimo de abandono, violencia, pobreza y degradación social. Si
bien a los mandatarios regionales les cobija responsabilidad en este episodio,
más les atañe a los representantes a nivel nacional, ya que su función es velar
entre otras, por una inversión equilibrada y acorde a las reales necesidades.
La clase parlamentaria es tan responsable como los gobiernos centrales del
atraso y debacle social de esta hermosa tierra herencia de los indios Pastos,
Quillacingas, Iscuandés, Tumas y Pachilimbíes.

Hoy, Nariño es la jurisdicción de la nación
con mayor número de homicidios, desempleo, violencia intrafamiliar y menor
inversión estatal proporcionalmente hablando. Con el 27% del total de cultivos
de matas de coca existentes en el país, y más del 22% de la población activa
desocupada, esta tierra sureña se debate entre la indiferencia gubernamental
nacional, la ineptitud de sus representantes ante el parlamento y la
negligencia de muchos mandatarios locales que solo se dedican a aprovechar su
cuarto de hora.

En los últimos diez años se han fumigado más
de 390 mil hectáreas, que sumadas a otras 113 mil erradicadas manualmente, es
la población que más glifosato ha recibido, sin embargo las cifras no
disminuyen, por el contrario, el aumento es permanente; ni que decir de la tasa
de muertes violentas (180 homicidios por cada cien mil habitantes),
convirtiéndose en la más alta de Colombia.

Hasta el momento las potencialidades naturales
y humanas que posee nuestro sufrido departamento, no vienen siendo aprovechadas
para combatir eficazmente la miseria, violencia y crisis socioeconómica que
engloba a esta sección de la patria. No tiene discusión que la presencia de
grupos armados legales o ilegales son producto del abandono gubernamental,
conllevando con esto a profundizar el caos y la alteración poblacional.
Necesariamente se debe mirar al sur, que sin lugar a dudas es una de las
oportunidades directas para apostarle al desarrollo armónico e integral de la
sociedad nariñense, y que hasta el momento se encuentra anulada.

Las determinaciones políticas son vitales en
el desarrollo de las comunidades, por ende es obligación de los ciudadanos
utilizar los mecanismos e instrumentos constitucionales como los procesos
electorales para castigar a estos sinvergüenzas y egoístas congresistas, y
premiar a verdaderos dirigentes ‘untados’ de pueblo.

Domingo, agosto 26 de 2012

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