Cerca de 120 hectáreas de bosque secundario altoandino resultaron afectadas por los incendios forestales registrados en el municipio de Ancuya, donde equipos técnicos iniciaron las evaluaciones ambientales para medir el impacto sobre los ecosistemas y definir las rutas de restauración. Esta intervención hace parte de un plan departamental que cuenta con una inversión inicial de $614 millones y que se extenderá a otros municipios priorizados como Cumbitara, Linares, Los Andes, El Peñol y Pasto.
Las primeras inspecciones en territorio se adelantaron en las veredas El Ingenio y El Pedregal de Ancuya, con la participación conjunta de profesionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nariño, Corponariño y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
De acuerdo con el balance preliminar entregado por Corponariño, las conflagraciones dejaron graves consecuencias sobre la cobertura vegetal y los hábitats naturales, reportándose además posibles afectaciones a especies de fauna silvestre como armadillos y venados.
Al respecto, Zaida Yohana Muñoz Lasso, profesional universitaria de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que estas visitas hacen parte del Plan de Acción de Respuesta, Restauración y Recuperación: los $614 millones dispuestos buscan robustecer la capacidad operativa de los municipios, mejorar las labores de control y vigilancia y garantizar la atención de animales silvestres y domésticos afectados durante las emergencias.
Los diagnósticos permitirán focalizar la recuperación de la cobertura vegetal mediante el fortalecimiento de viveros comunitarios, la producción de material vegetal y procesos de restauración ecológica en áreas estratégicas para el agua y la biodiversidad.
Articulación regional y prevención en las comunidades
Tras la jornada en Ancuya, las visitas técnicas continuarán en Cumbitara, Linares, Los Andes, El Peñol, Pasto y otras localidades impactadas. Javier Paz, contratista de Corponariño adscrito a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, destacó que el trabajo articulado entre instituciones y comunidades será determinante tanto para rehabilitar las zonas quemadas como para prevenir futuras emergencias.
En el ámbito local, María Elena Muñoz, ingeniera agrónoma de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de Ancuya, informó que la Alcaldía adoptó la Resolución 1070 del Ministerio de Ambiente, la cual prohíbe las quemas abiertas. Esta medida se complementa con jornadas de educación ambiental dirigidas a productores y estudiantes, además de la promoción de prácticas agroecológicas para enfrentar las temporadas secas.
Por su parte, Omar Andrés Yela, habitante de la vereda El Pedregal, solicitó que el acompañamiento institucional se traduzca en acciones concretas para recuperar los bosques, cultivos y fuentes hídricas damnificadas, llamando también la atención sobre los daños en las redes eléctricas que habrían estado asociados al origen de algunos focos de incendio.
Las autoridades departamentales, ambientales y municipales reiteraron su compromiso de mantener el monitoreo permanente y fortalecer las medidas preventivas frente a las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño.



















