Este miércoles se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley 1712 de 2014, conocida como la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Este hito legislativo marcó un importante paso hacia una mayor apertura gubernamental y el fortalecimiento de la democracia en el país.

La página web del Ministerio de Justicia, expresa: “De acuerdo con la Corporación Transparencia por Colombia (2010), la transparencia es el “marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública” que debe regir las actuaciones de todos los servidores públicos en Colombia, implica gobernar expuesto y a modo de vitrina, al escrutinio público. La transparencia tiene tres dimensiones:
a. Transparencia de la gestión pública, que implica la existencia de reglas claras y conocidas para el ejercicio de la función pública (planeación, decisión, ejecución y evaluación de programas y planes), así como de controles para la vigilancia de las mismas.
b. Transparencia en la rendición de cuentas, que conlleva la obligación de quienes actúan en función de otros, de responder eficaz y recíprocamente sobre los procesos y resultados de la gestión pública.
c. Transparencia en el acceso a la información pública, que supone poner a disposición del público, de manera completa, oportuna y permanente, la información sobre todas las actuaciones de la administración, salvo los casos que expresamente establezca la ley.

En este sentido, la transparencia no es un fin, sino un medio por el cual la administración pública se hace más eficiente y la ciudadanía conoce de antemano las actuaciones de sus servidores públicos. Ya sea a través del comportamiento íntegro de los servidores públicos, de la constante rendición de cuentas de la gestión pública hacia los ciudadanos, y de la garantía del acceso a la información pública.”

Y en seguida explica el concepto del derecho de acceso a la información pública: “El acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado.
El ejercicio de este derecho fundamental se basa en el hecho que los ciudadanos han depositado en el Estado ciertas atribuciones, razón por la cual la información que el Estado posee le pertenece a toda la sociedad por derecho, lo cual permite su exigibilidad.”

Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, indica que “Las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 le aplican a los siguientes sujetos:
Todas las entidades públicas
Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomo y de control.
Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presenten servicios públicos.
Los partidos y movimientos políticos o grupos de ciudadanos.
Las entidades que administran parafiscales, fondos o recursos de naturaleza pública.
Las personas naturales y jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios territoriales y nacionales.”

“Todas las personas naturales o jurídicas, sin importar la edad o la nacionalidad, pueden ejercer el derecho de acceso a la información pública”, señala este Ministerio.

Y explica como que se puede acceder a la información pública “Se puede acceder a la información pública a través de dos formas: 1. Consultando directamente las páginas web, carteleras y cualquier otro medio disponible por las entidades. 2. Solicitando la información directamente a las entidades por los diferentes canales que se tengan disponibles.”

Finalmente, Transparencia por Colombia, que conmemoró 25 años en esta misma semana, hizo un balance de su trabajo durante este período de tiempo: “Aunque se reconocen los logros en la lucha contra la corrupción, el compromiso de la organización persiste ante un contexto desafiante para la democracia. Por ello, los próximos años vendrán cargados de acciones que permitan continuar construyendo rutas para reparar las víctimas, proteger a denunciantes y fortalecer la investigación y denuncia por parte de la sociedad civil. Acciones acompañadas de nuevas formas de entender la corrupción, que permitan incidir en la transformación de la arquitectura institucional y abordar la corrupción no solo desde un enfoque sancionatorio y punitivo, sino preventivo y restaurador.

‘Reconocemos los logros y avances en materia anticorrupción en el país. Sin embargo, aún es largo el camino que queda por recorrer, por lo que mantenemos nuestro compromiso de innovar y trabajar en conjunto para un país libre de corrupción y comprometido con el bien común y hacemos un llamado a la sociedad en general para continuar asumiendo la lucha contra la corrupción como un compromiso que requiere de todos y todas’, afirma Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.”

Imagen: Actúe Colombia