Columna Desde Nod por Alejandro García Gómez

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Ciudades: el conflicto se transforma (3)
pakahuay@gmail.com
“Para las grandes estructuras criminales, los
niños son una ‘mano de obra barata’ con un valor agregado: la funcionalidad o
versatilidad, porque desarrollan con eficiencia todas las tareas que les
encomiendan, son reemplazables y pueden evadir el control de las autoridades y
de la justicia
” (EL MUNDO, 18.I.13).
Esta es una de las transformaciones del
actual conflicto: la utilización de menores por las bandas de
neonarcoparamilitares -bautizadas en el anterior gobierno como Bacrim- por la
fácil manipulación que permiten las fisuras del Código del Menor (Ley 1098/06,
presidente Uribe Vélez, Mininterior y Justicia Carlos Holguín). Según la
periodista Pareja, Fernando Quijano, director de la organización no
gubernamental Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades),
“asegura que en Medellín hay 350 bandas que integran unos 12.000 hombres, entre
ellos 4.800 menores de edad, es decir el 40%
”. Pero “la Policía Metropolitana
sólo reconoce 114 bandas -5.000 hombres- pero no discrimina cuántos podrían ser
menores de edad” (ibíd). El mismo Quijano también dice que “las bandas
criminales buscan jóvenes con Sisbén”, para evadir las responsabilidades de
salud a partir del riesgo de la guerra (Sisbén: sistema de salud subsidiada por
el gobierno nacional para sectores pobres).

El uso de menores y niños en la guerra aumenta
cada día, asegura la investigadora social Natalia Springer: Bogotá con 304% y
Medellín con 229%. En total en el país existen “por lo menos 18.000 menores de
edad utilizados como combatientes por los grupos armados ilegales en el país

(Ibíd.). Ella usa la palabra “ilegales” porque, al parecer, suma los de la
guerrilla y los de los neonarcoparamilitares o Bacrim.
Solamente dar más facilidades para la
educación no llega a ser una solución completa sino que debe formar parte de una estrategia a corto, mediano y largo
plazo
, como lo plantearé más adelante. Después de las alcaldías de Sergio
Fajardo y Alonso Salazar, Medellín creció en cuanto a instituciones educativas
oficiales en los barrios. Pero, ¿qué sucedió? Que las llamadas “fronteras
invisibles” por un lado (territorios de muerte para quien ose traspasarlos), el
accionar de los grupos ilegales por otro, la impunidad y la corrupción más
allá, han hecho imposible que el proceso educativo se desarrolle en forma
normal tanto para menores como para docentes. Ambos han sido víctimas de
amenazas de muerte que se cumplen si se desatienden. Cuando los padres de
familia consiguen los medios económicos para el transporte diario, empiezan a
buscar –con meses de atraso académico- cupos en instituciones educativas fuera
del peligroso perímetro de su residencia, preferiblemente en el centro de la
ciudad o en zonas más seguras, en donde van a fracasar académicamente por el
atraso, pero salvan su integridad y su vida. Muchas veces la familia debe
desplazarse de barrio dentro de la misma ciudad o hacia otra en el mismo
distrito o en otra región o hacia una población pequeña porque los menores que,
apoyados por sus familias, se han negado a formar parte de las bandas juveniles
o combos son señalados para el castigo de muerte o destierro a toda su familia
por quienes gobiernan la zona (allí están varios de los bautizados como
“estudiantes fantasma” por la ministra de educación, María Fernanda Campo, que
al parecer no ha entendido o no ha querido entender este problema).
Esto viene sucediendo cada vez en mayor
proporción, desde cuando se transformó o degeneró el conflicto y sigue
sucediendo con mayor fuerza ahora: “En varios barrios de Belencito Corazón, en
la Comuna 13, está rodando un listado con los nombres de más de cien familias
que tiene dos opciones ‘se largan o se mueren’”, (Deici J. Pareja, EL MUNDO,
19.I.13). 07.II.13.
Este es un espacio de opinión destinado a
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