Tomado de www.eltiempo.com
A tan solo unas cuantas semanas de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia impuso una severa condena ligada a la compra de votos.
EL TIEMPO conoció en primicia el fallo en el que el alto tribunal le impuso una pena de 15 años de cárcel a la exsenadora conservadora Aída Merlano por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.
Así mismo, la decisión de primera instancia, negó la solicitud de la defensa de Merlano, que pidió la nulidad y exclusión de algunas pruebas y a lo único que se accedió fue a no condenarla por retención de cédulas, como lo había solicitado la Fiscalía.
La condena a la joven política de la costa está relacionada con el allanamiento realizado por la Fiscalía, el 11 de marzo de 2018, a su sede de la campaña, conocida como ‘la Casa Blanca’.
El ente acusador recogió evidencia que daba cuenta de la existencia de una red de compra de votos, justo el mismo día en la que Merlano obtuvo los sufragios suficientes para saltar de la Cámara al Senado por el Partido Conservador: 73.000 votos.
En la diligencia judicial se encontraron 268 millones de pesos en efectivo, y documentos que daban cuenta de que la campaña de Merlano habría movido al menos 1.730 millones de pesos, cuando el tope máximo de gastos permitido para cada candidato era de 884 millones de pesos.
Así mismo, se hallaron decenas de registros de los votos comprados y una especie de sistema digital para llevar el control de los pagos a sufragantes y los “subsidios de transporte” que se les giraron a políticos locales.
En mayo pasado, la sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección para el periodo 2018-2022.
Según el alto tribunal de lo contencioso administrativo, se encontró evidencia de la existencia de una organización liderada o dirigida por Merlano, que tenía como propósito “afectar la libertad de los electores“, a través del ofrecimiento y entrega de sumas de dinero a cambio de su voto.
Por su parte, la Procuraduría sancionó a Merlano por tres meses de suspensión mientras avanzaba la investigación disciplinaria, que incluyó la solicitud de su muerte política, nulidad de la elección y que la declaración de la silla vacía a su curul en el Senado.
Y ahora la Corte le impone la sanción penal que, además, incluye una multa equivalente a 666,64 salarios mínimos legales mensuales.
La sentencia, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, fue impartida por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas y el conjuez Francisco José Sintura.
Y también hace referencia a la polémica aplicación de la llamada silla vacía: “No se accede a la aplicación de esta figura”.
Y en un acápite de otras determinaciones, se ordenó compulsar copias de varios hallazgos dentro de la investigación a la sala de instrucción de la Corte Suprema y a la Fiscalía General.
Contra este fallo únicamente procede una apelación ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia le será notificada a Meerlano en su celda del Buen Pastor, en donde permanece hace más de un año, que le serán descontados de la pena que se le impuso.
Fuentes del Inpec han señalado que a Merlano se le han abierto varios procesos disciplinarios debido a que le han encontrado celulares en su celda y otros elementos prohibidos.
