Debido a que existe una alta posibilidad de intensificación de las confrontaciones armadas entre facciones disidentes de las Farc en el municipio de Olaya Herrera (Nariño), la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 de 2024.

“Los combates y otros hechos de violencia que de ellos podrían derivar desencadenarían en graves afectaciones a la vida, integridad y libertad o en probables infracciones al derecho internacional humanitario”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El terror ha venido siendo sembrado en las comunidades del municipio nariñense por las disputas armadas entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del disidente Estado Mayor Central de las antiguas Farc (Frente 30 Rafael Aguilera y Columna Móvil Alan Rodríguez), y el Bloque Occidental Alfonso Cano, perteneciente a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, de la Segunda Marquetalia, también disidente de las Farc.

Los combates obedecen a la disputa del territorio, ya que es considerado un corredor estratégico para las rutas de la cadena del narcotráfico, movilización de tropas, desarrollo de la minería ilegal y el tráfico de armas.

La posible ocurrencia de las afectaciones a la población civil, establece el documento emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la institución de derechos humanos, se focaliza en los barrios La Pista, La Isla, El Camino, El Comercio, El Caguán, El Natal, La Virgen, La Playita, Llano Verde, Nueva Esperanza III y El Polideportivo, así como en las veredas que forman parte de los consejos comunitarios Gualmar, Río Satinga y Río Sanquianga y en los resguardos indígenas La Floresta, Bacao Turbio y Sanquianguita.

En las veredas El Cedro, La Laguna, Sajal, Caserío Aragón, Alto Merizalde y Guabillales se vienen presentando enfrentamientos entre los mismos grupos disidentes de las Farc y entre estos y las Fuerzas Militares. Los combates cerca de los lugares que habitan las comunidades han causado daños a la infraestructura de la población y, en algunos casos, desplazamientos forzados.

Otras formas que violentan los derechos fundamentales

La ATI también establece que existen formas de control y violencia basadas en género sobre mujeres afrodescendientes, sometidas a realizar trabajos domésticos para integrantes de grupos ilegales, quienes las amenazan con atentar contra sus hijos menores de edad en caso de no hacerlo.

“Retenes ilegales, el cobro de extorsiones, la verificación de horarios estrictos de entrada y salida de las veredas y del tránsito por el río de la zona y el casco urbano son algunas de las conductas ilegales de las que están siendo víctimas los pobladores. De manera que urge la actuación de las autoridades civiles y la Policía Nacional, cuya finalidad sea la protección de las familias que habitan en Olaya Herrera y sus alrededores”, indica el Defensor del Pueblo.

La ATI deja en evidencia que hombres de la Segunda Marquetalia son quienes imponen restricciones a la movilidad para el ingreso y salida del territorio y obligan a las personas a informarles cuáles actividades van a realizar cuando salen de la zona rural al casco urbano. En ese marco, les otorgan cinco días para retornar, so pena de atentar contra quienes no atiendan sus órdenes.

Las conductas podrían agravarse, lo que supondría una mayor dificultad para la asistencia y atención humanitaria que prestan los funcionarios de los entes locales y los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo cual pone en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad.

Hay mayor vulnerabilidad, documenta la Alerta Temprana de Inminencia 002, en territorios de los consejos comunitarios, especialmente en las veredas Alto Merizalde, El Cedro, Pueblo Nuevo, Barro Caliente, y en las veredas donde se han presentado confrontaciones armadas, en cercanías a las escuelas donde las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes son los más propensos a ser víctimas de la posible contaminación del territorio con minas antipersonal.

“Es urgente poner en marcha una labor completa de prevención y atención a las comunidades, ante las acciones violentas de los grupos armados ilegales, y darle prioridad a un trabajo de desminado”, recalcó Carlos Camargo Assis.

Fuente y foto: Defensoría del Pueblo