En el municipio de Tumaco (Nariño), la Defensoría del Pueblo llevó a cabo el Diálogo Defensorial para la Transformación de los conflictos sociales en el sector educativo, con el objetivo de prevenir el escalamiento de problemáticas sociales y avanzar en la garantía del derecho a la educación en el departamento.
En este espacio, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, dio a conocer los avances del “Informe de Conflictividad social en el sector educativo en Colombia en los niveles de preescolar, básica y media: estudio de Caso Nariño”.
El Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo identificó 284 conflictos sociales en el sector educativo, durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023. En Nariño este tipo de conflictividad ocupa el segundo lugar.
El encuentro, que fue organizado con el apoyo de las defensorías regionales Tumaco y Nariño, reunió a representantes del sector educativo, permitió conocer más de cerca la problemática que gira en torno a la educación en niños, niñas y adolescentes en esta región de Colombia, y, a su vez, construir propuestas que logren el goce efectivo de este derecho en el departamento.
La Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social que ejerció como moderador del diálogo, resaltó la participación de representantes del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Fiscalía (UNGRD), y de representantes de autoridades territoriales, entre ellas, la Secretaría de Educación Departamental y Municipal de Ricaurte, organizaciones sociales y comunitarias e instituciones educativas.
Dentro de las principales problemáticas expuestas por las comunidades, organizaciones sociales, docentes y autoridades étnicas se mencionaron, la interrupción del calendario escolar por enfrentamientos, ataques y amenazas de actores armados, la ocupación de los establecimientos educativos; deficiencias en el transporte escolar y en el Programa de Alimentación Escolar, problemas de infraestructura; así como problemáticas en relación con la planta docente, entre otras.
De acuerdo con lo anterior, entre los compromisos adquiridos con los que concluyó la jornada, se resalta el acompañamiento a los docentes amenazados a través del seguimiento a las rutas de protección; la revisión del modelo de Alimentación Escolar Rural en concertación con los municipios. Por parte del ICBF, se habló de avanzar en la aplicación de la estrategia “Atrapa Sueño”, consistente en fortalecer las habilidades y talentos de los niños, niñas y jóvenes, así como acciones en materia de protección integral. Por su parte, la UNGRD planteó la posibilidad de dar aplicación a la Ley 1523, referente a la convocatoria al Comité de Atención de Riesgos y Desastres para atención de la población desplazada y víctima de la violencia.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, continuará avanzando en el diagnóstico y monitoreo de las distintas problemáticas que afectan al sector educativo en la costa pacífica nariñense, con el propósito de presentar un informe y recomendaciones para noviembre del presente año, en el cual se convoque a las distintas autoridades concernidas a atender las distintas situaciones expuestas.
Este Diálogo Defensorial fue resultado del trabajo conjunto entre la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), en la ejecución conjunta de la actividad “Somos Comunidad”.
Fuente y foto: Defensoría del Pueblo
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