Por Sigifredo López Tobón

Twitter: @sigifredolopez

Tomado de www.las2orillas.co

Un soleado día de julio de 1982 en que recibió
su título de bachiller, sus padres, un próspero agricultor y una humilde
profesora nariñenses, lo escucharon decir con determinación: ¡Yo quiero ser
policía! A partir de entonces cada paso que dio y cada esfuerzo realizado en su
meritoria carrera lo aproximaron al gran sueño de todo oficial: convertirse en
general de la República, y en ejemplo de vida para sus descendientes y
conciudadanos.

Treinta años después fue llamado a curso de ascenso para
brigadier general junto a 34 coroneles que como él habían obtenido importantes
reconocimientos en su lucha contra el narcotráfico, las autodefensas, la
subversión, las bandas criminales, y contra todos esos fenómenos de violencia
que tanto han afectado a la sociedad colombiana.

Jamás imaginó el coronel William Alberto
Montezuma que ese día tan anhelado sería el comienzo de su desgracia. A partir
de esa convocatoria, extrañamente, empezaron a moverse en su contra dos
acusaciones absurdas que durante una década estuvieron quietas cuando en sano
derecho debieron ser precluidas al primer mes de Instauradas. El coronel fue
acusado por criminales que el mismo puso presos, de ser el determinador de
varios homicidios, y de vender armas a una banda paramilitar que el mismo
persiguió hasta desmantelar en el año 2003 cuando se desempeñó como comandante
de distrito en Cúcuta.

Hoy, los seis falsos testigos que lo acusaron
con base en mentiras y artificios están imputados, y algunos enjuiciados por
falso testimonio y fraude procesal porque se probó que las famosas armas fueron
fabricadas en el año 2006 (y resultaba imposible haberlas vendido tres años
antes), los autores materiales están condenados y los verdaderos determinadores
(jefes de las estructuras paramilitares de la región) confesaron que el coronel
nada tenía que ver con los hechos por los cuales lo tienen detenido desde hace
un año.

Lo más absurdo de todo es que el fiscal de la
causa insiste en mantener su error en contra de toda la evidencia probatoria, y
así las cosas, nos veremos obligados a presenciar un juicio sui generis en la
historia judicial del país: los testigos de la defensa serán los propios
fiscales que imputaron y enjuiciaron a los falsos testigos que el fiscal de la
causa está utilizando contra el coronel William Alberto Montezuma. Sí, así como
lo leen, fiscales contra fiscales enfrentados en juicio.

Pero más allá del absurdo que reina en este
caso, operadores judiciales y ciudadanos debemos reflexionar sobre el daño que
causan los falsos testigos a la justicia, a las víctimas y a la sociedad en
general. Cada que un ciudadano inocente es privado de su fundamental derecho a
la libertad es la sociedad entera la que está amenazada, es una carrera
profesional destrozada, es un proyecto de vida familiar el que destruyen, es la
justicia la que se desprestigia, es la Fiscalía la que pierde credibilidad por
arbitraria e injusta, es la democracia la que se deslegitima, es la nación
entera la que padece.

¿Hasta cuándo la sola palabra de un criminal
que afirma que un tercero que está muerto le contó los hechos que nunca vio
seguirá siendo el único criterio que tienen algunos fiscales para destruir la
vida de una persona inocente y la de su familia?

Al igual que el coronel, son muchos los
ciudadanos inocentes que hoy están tras las rejas y muchas las familias a las
que le han destruido sus proyectos de vida. Mientras estas injusticias
continúen sucediendo en Colombia, la Fundación Defensa de Inocentes seguirá su
lucha contra los falsos testigos, y denunciando a todos aquellos que pretendan
instrumentalizar a la justicia con propósitos criminales.