Por: Liliam Gómez
Ciudadana en ejercicio
ishumaa@hotmail.com

En los debates sobre el futuro del país, los discursos que prometen orden absoluto y “mano firme” suelen resultar atractivos a primera vista. Sin embargo, cuando se desglosan las propuestas de Abelardo de la Espriella, es imperativo despojarse de las pasiones políticas y analizar, con rigurosidad técnica y responsabilidad ciudadana, el impacto real que estas teorías tienen sobre el terreno. La historia y la sociología nos han enseñado que, cuando el Estado decide apretar el puño sin matices, quienes terminan pagando el costo más alto son siempre las clases bajas, los jóvenes de los barrios populares y las comunidades rurales.

El primer gran riesgo de este enfoque radica en la inminente estigmatización de la juventud popular. Las políticas basadas en metas de capturas masivas y demostraciones de fuerza tienden a concentrar sus operativos en las periferias y los estratos vulnerables, traduciéndose en una preocupante criminalización de la pobreza. Sin controles civiles estrictos, dar un “cheque en blanco” a las autoridades incrementa los casos de detenciones arbitrarias y abusos, donde el único delito de muchos jóvenes termina siendo su lugar de residencia o su condición social.

A esto se suma un preocupante escenario de asfixia democrática ante la protesta social. Proponer la prohibición tajante de huelgas y movilizaciones, catalogándolas estrictamente como delitos, ignora las causas estructurales de la inconformidad. En Colombia, las comunidades más olvidadas históricamente han tenido que recurrir a las vías de hecho para algo tan básico como exigir agua, una vía transitable o un puesto de salud. Responder a estas carencias históricas con militarización e intervención policial inmediata no resuelve las problemáticas; por el contrario, escala el conflicto y fragmenta aún más el tejido social.

El panorama para la ruralidad es todavía más complejo. La postura de clausurar definitivamente cualquier canal de diálogo con actores al margen de la ley anticipa una reactivación del conflicto armado mediante el choque militar directo. El retorno a una guerra frontal significa que el campesinado, las comunidades indígenas y los sectores afrodescendientes volverán a quedar atrapados en el fuego cruzado. Las consecuencias lógicas de este enfoque ya las conocemos: nuevas olas de desplazamiento forzado, confinamiento y un dolor profundo en las provincias que apenas intentan construir desarrollo.

Finalmente, la bandera de la flexibilización en el porte de armas esconde una peligrosa trampa de desigualdad. Promover que la ciudadanía se arme es, en el fondo, una declaración de incapacidad estatal que traslada la obligación de la seguridad al individuo. En un escenario de libre mercado de armas, las clases populares —que carecen de recursos para financiar seguridad privada o comprar armamento legal— quedan en total desventaja y desprotección. El resultado no es el orden, sino un entorno con mayores índices de violencia letal, pandillismo y control territorial por parte de la delincuencia.

Como ciudadana responsable y vinculada a la formación y el servicio de mi comunidad, considero que el verdadero progreso no se construye desde el miedo ni desde la supresión de derechos. Estudiar estos escenarios no es un ejercicio de politiquería; es un acto de legítima defensa informativa. El debate está abierto, las cartas están sobre la mesa y el documento de análisis queda a disposición de todo aquel que elija leer, reflexionar y decidir con criterio propio.

Este espacio de opinión está abierto a columnistas, blogueros, comunidades y otros autores. Las ideas expresadas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan la posición ni la línea editorial del Informativo del Guaico.