Visión de mujer
Por Elsy Melo Maya
elsy.ya@hotmail.com

Como es de público conocimiento, un estudio de la ONG Transparencia Internacional, deja a Colombia con la vergonzosa calificación para ocupar el primer lugar, como el país más corrupto del mundo, para en el 2020.

El estudio que normalmente se ha realizado con 180 países, este año se adelantó con 73 y levantó una muestra de más de 20.000 ciudadanos globales, entre los que se encuentran expertos y empresarios. Esta organización no gubernamental, con base en Alemania y lanzada en 1995, define la corrupción como el “mal uso del poder público para beneficio privado”…“En los últimos tres años, Colombia había estado en los números medios del ranking (promedio entre 36 y 43), ocupando los puestos 90, 96 y 99 de 180 países. Sin embargo el 2020, el país saltó al primer lugar”.

Tristemente la publicación señala que Colombia, refleja un estimado de $14 billones en costos relacionados a corrupción, y mucho de este estimativo tiene que ver con las protestas que se presentaron a finales del año anterior y que continúan en la actualidad. Ahora bien, es preciso manifestar que el puntaje corresponde a la percepción de los propios encuestados en cada país, lo que significa que son los ciudadanos colombianos los propios calificadores. Mas grave todavía, y en esta calificación, los puntajes más altos los tiene Colombia cuando se relaciona con las palabras: burocrático, costos de fabricación baratos, entorno fiscal favorable, corruptos y por supuesto la falta de transparencia.

El problema no es la percepción, sino la realidad. Según un informe de la Contraloría General de la Nación, publicado en 2018, la corrupción le genera pérdidas a la nación por 50 billones de pesos anuales. Y volvemos a la misma conclusión que hemos expuesto antes: las instituciones no son las corruptas, lo son los ciudadanos que aprovechando el mucho o poco poder que ostentan, hacen uso indebido de los recursos que todos aportamos para el bienestar, de todos los colombianos. Y la corrupción es practicada por funcionarios y por particulares, así que la responsabilidad es de todos y el reto de salir de este estado reprochable, depende de todos.

Que el funcionario tenga la absoluta conciencia de que su obligación es servir a cambio de una remuneración establecida y nada más. Y que los particulares no se presten para los actos de corrupción y que por el contrario ayuden en su control y denuncia pública.

Enero 20 de 2019

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