Desde Nod

Por Alejandro García
Gómez

pakahuay@gmail.com

“Las grabaciones no
son suficientes. Puede que me dejen intranquilo, pero no son suficientes”, dijo
el presidente a la Santos a la W Radio, en referencia con unas grabaciones de
chuzadas y seguimientos a Vicky Dávila, quien las publicó en La FM (http://www.lafm.com.co/justicia/noticias/los-correos-an%C3%B3nimos-enviados-196561#ixzz3uiSCZZKY).

Mucha gente se
pregunta por qué a una periodista que, aparentemente, ha sido tan obsecuente
con cualquiera que sea el o los personajes de turno que ostentan el o alguno de
los poderes institucionales del establecimiento, podría ocurrirle lo que
presuntamente le está ocurriendo. Bueno, la consideración de quienes estén o no
con su forma de hacer periodismo no es del caso por ahora. Hay algo más
delicado, porque no es sólo a ella a quien le estarían cometiendo el mismo
delito; presuntamente hay muchos otros periodistas de diversas tendencias. Y lo
grave para todos los colombianos es que está en peligro el summum de lo que es
la democracia: el derecho de opinión, el derecho a la divergencia con las ideas
convertidas en palabras; es decir la libertad de expresión, o sea la libertad
de prensa, uno de los bienes más preciados de la democracia. Otra cosa muy
grave es que, presuntamente, se estarían quebrantando los principios morales y
éticos de quien es la encargada de garantizar el bienestar ciudadano en
relación con el orden y la convivencia cívica y social: la Policía Nacional, en
su cúspide. Todos puntos tan peligrosos, pero quizá menos que la cauta o
prudente respuesta del señor presidente.

En el link presentado
antes, que se encuentra en internet, la periodista Dávila denuncia con hechos
que está siendo interceptada. Según su testimonio, la Fiscalía General de la
Nación señala como posible implicada a la Policía Nacional. La periodista hace
conocer unos anónimos que le han llegado en donde se conocen hasta sus
actividades y movimientos más íntimos. Le hacen saber que se está haciendo lo
mismo con muchos otros periodistas, entre ellos Gardeazábal, Claudia Morales,
Daniel Coronell y otros. Si alguno estuviera cometiendo un acto ilícito contra
la Constitución y la Ley, cualquiera de los representantes de los poderes
públicos del Estado están en el derecho y obligación de presentar la demanda
ante las autoridades competentes. Jamás de, presuntamente, seguirlos e
interceptar sus comunicaciones sin orden judicial.

A muchos colombianos
nos deja no sólo intranquilos esa “intranquilidad” quizá  cauta, expresada por el señor presidente. Los
hechos bochornosos que se han visto y han sido conocidos por la opinión
nacional en lo últimos tiempos -en esa respetable institución del Estado- son
muy delicados. Hasta donde se sabe, las denuncias de los medios de comunicación
que se han ocupado de ellas no han sido controvertidas como injuriosas o como
calumniosas ante autoridad competente por ninguno de los presuntamente
señalados. La denuncia de un policial en internet, rodeado de supuestos
compañeros encapuchados, fue un acto macondiano, pero no se sabe qué ha
ocurrido luego. Y todo sigue como si tal cosa. Si en el bochornoso “Caso
Pretelt”, el presidente que no tiene poder de mando sobre el magistrado, pero
que quizá por conveniencia nacional se atrevió a hacer la solicitud que todos
conocimos al togado cuestionado, en los casos de la Policía sí lo tiene, además
del deber constitucional y legal de proceder acertada y convenientemente. Quizá
lo realizado hasta ahora no es ni lo conveniente ni lo adecuado ni lo acertado:
una Comisión de Notables.

“Que en un solo
noticiero [La FM] haya seis personas con protección es escandaloso. Que el
Fiscal General diga que el riesgo puede provenir de la Policía Nacional es
escabroso. Y que el Presidente de la República diga que no hay ni una sola
prueba es penoso”, Vicky Dávila (ibíd). 23.XII.15

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