El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1052 del 7 de octubre de 2025, que ordena la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares ofensivas y de operaciones especiales de policía en puntos rurales de Nariño y Putumayo, con el fin de permitir la verificación y destrucción de 14 toneladas de material de guerra entregadas por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las antiguas FARC comandada por Walter Mendoza.

La medida —de alcance limitado y por tiempo definido— regirá entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre, de manera escalonada, en tres puntos de intervención cuya ubicación se mantiene reservada por razones de seguridad. El decreto precisa que la suspensión no constituye un cese al fuego general y no detiene las operaciones contra economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilícita; su aplicación estará estrictamente delimitada en tiempo y espacio para proteger las misiones técnicas y las comunidades cercanas.

Equipos técnicos del Ministerio de Defensa, la Oficina del Comisionado para la Paz y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) supervisarán la entrega, verificación e incineración del armamento, en cumplimiento del Acuerdo No. 12 suscrito el 19 de julio de 2025. Según fuentes del operativo, la destrucción comprenderá 4 toneladas en Putumayo y 10 toneladas en Nariño.

El decreto faculta al Gobierno para verificar la voluntad de paz de otras estructuras que aún no tengan procesos formales, y ordena al Ministerio de Defensa emitir los lineamientos operativos para que la Fuerza Pública actúe conforme al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos durante la intervención.

El jefe de la delegación del Gobierno en la mesa, Armando Novoa, explicó que la logística es compleja: las Fuerzas Militares son las únicas autorizadas para la destrucción, que requiere zonas aisladas, estudios de impacto y medidas de seguridad para evitar riesgos a la población y al medio ambiente. La hoja de ruta incluye traslado y registro del material por parte del grupo armado, verificación del inventario por las autoridades militares, entrega formal en los sitios acordados y retiro del grupo, tras lo cual las unidades militares procederán a la destrucción.

La CNEB se comprometió, según el decreto, a no realizar acciones ofensivas ni interferir con el trabajo de las autoridades durante el proceso y a facilitar el ingreso del personal técnico.

El Gobierno considera esta suspensión microfocalizada como un gesto técnico y verificable en la construcción de acuerdos de desarme que podría abrir camino a pasos posteriores en la búsqueda de un cese al fuego más amplio. La operación —preparada durante semanas de coordinación institucional— intentará además garantizar que las zonas elegidas estén alejadas de centros poblados, comunidades campesinas y resguardos indígenas.

Con información de El Espectador

Foto: Colprensa