Desde Nod

Por Alejandro
García Gómez

pakahuaygmail.com

“Una persona
que ha tenido acceso a una adecuada estimulación durante los primeros años de
su vida, buenas escuelas, universidad y empleo en una compañía formal, posee
grandes ventajas en la vida”, según Santiago Levy, Vicepresidente de Sectores y
Conocimientos del BID. Genial conclusión. Agregó otra perla: “Los gobiernos
pueden hacer mucho más por mejorar la calidad de vida de aquellos que no han
contado con estas ventajas” (El Espectador, 31.VIII.2017).

Según Yaneth
Giha, Mineducación, 10.203.000 estudiantes de primaria y secundaria están
matriculados en las instituciones educativas del país. De éstos, 8.311.000 lo
hacen con recursos gubernamentales: 7.600.000 en instituciones oficiales y
711.000 como matrícula contratada por el Estado en privadas. 889.000 en
instituciones privadas por sus padres (El Tiempo, 20.IV.2017). Estas cifras nos
permiten inferir que quizá mucho más de 4 millones de familias, cuentan con
estudiantes de primaria y secundaria que dependen de recursos estatales. Este
estudio también señala que con invertir “tan sólo U$ 600 por cada estudiante
por año de estudio” se podría cerrar a la mitad la brecha entre las ventajas de
los hijos de los hogares privilegiados (ed. privada) con los desfavorecidos de
la fortuna.

Lo que propone
el BID es rebajar de 25 estudiantes/aula de clase a 20. Esto “puede aumentar el
aprendizaje anual en un 15%” (El Espectador cit.); aumentar en 3 horas
adicionales la jornada educativa, representaría un 10% anual adicional. Es
decir, en total sería de 25% el incremento del aprendizaje anual. Pero es que
ellos parten de cursos de 25 estudiantes y no sé si alguna vez se acercaron a
Colombia: todos los años que serví como docente activo tuve cursos de 45
estudiantes en general y, cada año, tenía algunos de hasta 49 y 50. Además,
siempre tuve 6 u 8 o más cursos, hasta completar las 22 horas que decretó
Cecilia Vélez, la Mineducación de los dos mandatos de Uribe (2002-2010). Esto
fuera de todas las arandelas que cada año se le cuelgan a cada docente y que
debe presentarlas por escrito a la dirección del plantel, así nadie se tome la
molestia de leerlas.

Obvio que estas
utopías obligarían al Estado colombiano a invertir más en educación. Pero
“Colombia es el país latino que menos invierte en educación según la Ocde”,
seguida por México, asegura El País, de España (13.IX.2017). A esto agreguemos
que los dineros que se incrementaron para educación, en los dos mandatos de
Santos, han ido a parar a las universidades privadas casi en su totalidad con
el programa “Ser pilo paga”, que ha sido una manera camuflada de arrastrar los
escasos recursos de la educación pública a engrosar los presupuestos de las
universidades privadas. El panorama (o chiste BID) es como para sentarse a reír
impotentes o a llorar decepcionados. O, lo más sensato, organizarse como
sociedad civil para exigir de acuerdo con la Constitución y la Ley el
cumplimiento de la Constitución y la Ley.

En artículos
anteriores, me he referido hasta la saciedad en un número mágico (“factor” le
llamaban o aún le llaman en las Secretarías de Educación de Antioquia, primero
y, en la de Medellín, después de la certificación). Ese “factor” mágico [1,65]
te da el número de docentes a asignar por cada institución educativa. No
importa la especialidad del profe: Si la necesidad obligaba, un maestro de
matemática debe hacer las clases de educación física o artes o educación
religiosa, si el “factor” lo decide. Esto ya lo he explicado otras veces y no
voy a cansarlos de nuevo. No es si no ir a las actas de distribución de la
llamada Carga académica de los profes de cada año.

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