Por Giovanny Gómez Palomino
gomepal26@gmail.com
Hoy nos preguntamos ¿Inversión en sostenibilidad o negocio de fachada?, cada año, la COP reúne a líderes mundiales, organizaciones y expertos para debatir la crisis ambiental y cómo enfrentarla. Sin embargo, el elevado presupuesto público que demanda esta cumbre con una inversión de $200 mil millones de pesos de nuestros impuestos y el creciente enfoque en la mercantilización del medio ambiente generan inquietudes sobre si estos recursos realmente impulsan el cambio o si terminan beneficiando a empresas y sectores privilegiados en detrimento de las verdaderas necesidades ambientales y sociales.
¿Un gasto justificado? La COP 16 representa una oportunidad única para que los países colaboren en políticas ambientales y financien proyectos de sostenibilidad. Sin embargo, cada cumbre implica un gasto significativo de fondos públicos, desde la organización logística hasta la implementación de compromisos. En Colombia, se debate si los fondos destinados a la COP 16 y sus promesas de sostenibilidad realmente justifican la inversión, considerando que el impacto en el cambio climático es, en la práctica, incierto y a menudo limitado.
La paradoja de la mercantilización del medio ambiente y las discusiones sobre el cambio climático en la COP suelen girar en torno a conceptos de “capital natural” y “servicios ecosistémicos”. Esta lógica convierte a la naturaleza en un recurso económico que puede “comercializarse” en beneficio del mercado. Aunque los bonos de carbono y los créditos ecológicos se presentan como herramientas de conservación, estos proyectos suelen ser gestionados por entidades privadas que priorizan el beneficio económico sobre el ambiental. En Colombia, uno de los países más biodiversos, esta tendencia amenaza con transformar los ecosistemas en simples activos comerciales.
¿A quién beneficia realmente el presupuesto COP? A pesar de que la COP 16 impulsa proyectos ambientales, muchos de los recursos públicos invertidos terminan en manos de grandes empresas y consultoras que promueven soluciones “verdes” empaquetadas, tales como créditos de carbono y programas de compensación. En teoría, estas iniciativas deberían compensar la destrucción ambiental, pero en la práctica, permiten que las empresas continúen explotando el medio ambiente. Esto no solo plantea interrogantes sobre la efectividad del presupuesto público, sino también sobre la equidad en su distribución.
La exclusión de comunidades locales y saberes ancestrales en Colombia, comunidades indígenas y rurales han practicado una relación respetuosa con sus territorios durante siglos. Sin embargo, el enfoque mercantilista de la COP 16 deja de lado estos conocimientos y excluye a quienes viven en las áreas más biodiversas del país. Al priorizar un modelo de sostenibilidad basado en el mercado, se margina a las voces que defienden un tipo de conservación más integral y se pone en riesgo la verdadera sostenibilidad a largo plazo.
¿La COP 16 es una inversión ambiental o un gasto en apariencia?, puede parecer un intento positivo para resolver la crisis ambiental, pero la manera en que se asigna el presupuesto público y la creciente mercantilización del medio ambiente sugieren que esta iniciativa corre el riesgo de quedarse en el discurso. En Colombia, la sostenibilidad debería ser más que una estrategia de mercado, debe implicar un compromiso auténtico con la preservación de la biodiversidad y con el fortalecimiento de las comunidades que la protegen.
Corchazo: La inversión pública en estos eventos y sus derivados debe ser justificada con impactos medibles y éticos, más allá del beneficio económico de unos pocos.
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