Tomado de www.elespectador.com
Además de que en los últimos seis meses el municipio ha tenido tres alcaldes, la presencia de actores armados tiene en vilo a la población. Hubo un acuerdo para levantar las protestas, pero exigen que haya mayor apoyo estatal en la zona.
En el municipio de El Charco, en Nariño, terminó este jueves el paro de campesinos, indígenas y afros que desde hace 24 días mantenían los habitantes de por lo menos 60 veredas, que llegaron al casco urbano ante, como lo señalan, el abandono del Estado a lo que se sumaría la estigmatización de la fuerza pública, que habría intensificado su presencia en las zonas rurales.
Pero este no es su único problema, aparte de la situación social, cada vez son mayores los inconformismos por la administración del municipio, pues en los últimos seis meses se han elegido tres alcaldes, debido a que el mandatario electo fue relacionado con hechos de corrupción y se encuentra en prisión domiciliaria, mientras la comunidad se mantiene en vilo ante la presencia de actores armados.
El Charco se encuentra en el Pacífico y es uno de los municipios más grandes de Nariño, pero a la vez uno a los que más difícil acceso se tiene, ya que allí solo se puede llegar por vía marítima desde Tumaco. Esto y su conexión con el Cauca (porque está en frontera con el municipio de Argelia) ha hecho que la zona sea codiciada para el cultivo de coca y por consiguiente por el control de los grupos armados ilegales.
De acuerdo con la más reciente alerta temprana de la Defensoría (2018) sobre esta zona del Pacífico, en la zona hacen presencia grupos como el Eln, así como el frente Óliver Sinistera y las Guerrillas Unidas del Pacífico, que en los últimos años han mantenido enfrentamientos armados, así como han perseguido a exintegrantes de grupos armados y reinsertados, provocando constantes desplazamientos. Uno de los principales intereses es el control del comercio ilegal por la cuenca del río Tapaje, a donde las últimas semanas se ha intensificado la presencia del Ejército, por lo que los habitantes de las riberas salieron a protestar ante el temor de quedar en medio de enfrentamientos armados.
Uno de los principales intereses es el control del comercio ilegal por la cuenca del río Tapaje, a donde las últimas semanas se ha intensificado la presencia del Ejército, por lo que los habitantes de las riberas salieron a protestar ante el temor de quedar en medio de enfrentamientos armados. Lo que principalmente pide el Consejo comunitario pro defensa del río es que no se instale una base militar en el corregimiento de San José del Tapaje, ya que, según denuncian, se habrían presentado hostigamientos y estigmatizaciones por parte de los uniformados a la población civil.
Ante esto, la Defensoría recalcó el pasado miércoles que “en los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera los grupos armados ilegales no permiten la entrada de alimentos y la comercialización de los mismos, por lo que ya se presenta desabastecimiento”, mientras que en El Charco el confinamiento se dio en medio del paro pacífico en el que los habitantes de las zonas rurales exigían mayor inversión social y que cese el reclutamiento de menores de edad, entre otras medidas, lo que provocó el cierre del comercio y los colegios, ya que los manifestantes se asentaron en los colegios del casco urbano.
En respuesta el Gobierno Nacional, ante el bloqueo fluvial, que es paso importante entre Tumaco y Buenaventura, envió una comisión integrada por los viceministros de la defensa Sandra Alzate y del Interior, Carlos Baena, quienes llegaron a un varios acuerdos, por los que ayer se levantaron las protestas, aunque quedó un sinsabor porque no se llegó a ningún acuerdo con respecto a la presencia del Ejército sobre el río.
Según el secretario de Gobierno de Nariño, Amilcar Pantoja, no hubo directamente un confinamiento, pero si una crisis por el cierre del comercio y la presión de los grupos que exigen la salida del Ejército. “Ya se está volviendo a la normalidad, pero eso no se da de la noche a la mañana. Estamos coordinando el envío de alimentos. Hoy salen 90.000 huevos de Ipiales y la armada está movilizando a las personas que no tenían la posibilidad de salir de su territorio”.
Por su parte, la personera Martha Camacho indicó que hasta el momento no se han puesto denuncias formales por abusos del Ejército y se refirió a los acuerdos que hizo el Gobierno Nacional. “Se acordó la ampliación y creación de proyectos, por lo que la próxima semana van a venir para evaluar la viabilidad de los proyectos productivos en la comunidad.
Dentro de los nueve compromisos a los que se llegaron, según conoció este medio, Además de lo mencionado por los funcionarios, el Ministerio de Defensa se comprometió a crear una ruta para denunciar hechos que involucren a la Fuerza Pública, mientras que el Ministerio del Interior se comprometió a gestionar enlaces comerciales para la comercialización de productos de la zona, asesorar a las comunidades negrar en la estructuración de proyectos, avanzar en la caracterización de los consejos comunitarios y revisar los sistemas de agua y alcantarillado.
Cuatro alcaldes en tres años
Otro de los inconformismos está relacionado con la falta de la gobernabilidad en los últimos meses, tras la captura, por hechos de corrupción, del alcalde electo Víctor Candelo, contra quien además el pasado fin de semana hubo un atentado. Primero se eligió a Jefferson Segura, quien también salió del cargo por irregularidades en contratos; luego se nombró provisionalmente a José Obregón, quien ahora será reemplazado por Jesús David Ureña.
Pese a la negativa de la comunidad para recibirlo, el secretario de Gobierno cree que podría aportar a la comunidad. “Vemos potencialidades, porque al ser externo del municipio permitirá que haya una imparcialidad entre partidos”. Pero lo cierto, es que todo dependerá de la gestión que haga no solo para lograr una buena relación con la comunidad, sino además para encontrar la estabilidad social y política que exige la región.
Foto: Jackeline Micolta – Comisión de la Verdad
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