Endulzando
las palabras

Por Iván
Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

El pasado
domingo se llevó a cabo en todo el país la elección de dignatarios de las
juntas de acción comunal; un hecho sin importancia para la mayoría de los
gamonales políticos que solo se interesan cuando existen votos endosados a su
favor. Según la Ley 743 del 2002, que es la que rige la conformación de las JAC
tiene por objeto “promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización
democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de
acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende
establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los
particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes”.

No hay duda
que estas organizaciones son el sinónimo más claro de la verdadera
participación democrática, que permite a las poblaciones en todos sus niveles,
proceder en torno a una organización de carácter altruista, con el propósito de
velar por los intereses comunales. Pese que existen actos administrativos que
han promovido algunos cambios a la normatividad original, en el fondo, la
esencia sigue igual. Su estructura legal, garantiza a las comunidades una
participación directa en asuntos colectivos que al final son determinantes en
el retroceso o avance de las mismas.

Las juntas
de acción comunal según la normatividad, son todas las personas afiliadas
formalmente en un núcleo poblacional y que residen en el mismo lugar. La ley
expresa que los directivos y demás órganos de coordinación se eligen por
espacio de cuatro años, siendo el presidente el representante legal de esta
figura privada pero con sentido comunitario.

Las
elecciones comunales abren el espacio de la democracia auténtica; prácticamente
es el escenario natural para aplicar el sentido abnegado del fin común. Veredas,
barrios y otro tipo de figuras asociativas, se unen entorno al criterio de
elegir y ser elegido. Las juntas de acción comunal son la raíz de la
participación ciudadana; son las que establecen los canales de comunicación
necesarios para el desarrollo de sus actividades y son por naturaleza el vector
con las entidades gubernamentales. Promueven y fortalecen en el individuo, el
sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a
través del ejercicio de la democracia participativa.

Aunque la
ley se ha quedado corta en distintos aspectos, que especifiquen algunos
procedimientos de orden formal, muchos de ellos relacionados con la función,
responsabilidad y obligaciones de cada uno de los dignatarios, no ha perdido su
objetividad, y es la del trabajo mancomunado y desinteresado, proyectado al
bienestar de quienes conforman la institución. Desde hace un tiempo hacia acá
se viene hablando de la posibilidad de que el gobierno determine algunos
honorarios para los directivos, con el argumento de retribuirles de alguna
manera el tiempo dedicado a las actividades comunitarias.

La
intención es buena entendiéndolo como un incentivo a los dirigentes, pero
negativa, por el interés monetario que eliminaría por completo el proceder
colaborativo, y estas entidades comunales que ha propósito son las únicas que
aún revisten de real democracia, terminarían transformándose en una palestra de
intereses económicos que borraría del mapa el afán comunitario; además, de
volverse un fortín de primer orden para los caciques politiqueros regionales.

Hasta el
momento, estas organizaciones no han perdido su objetividad, debido que el
requisito número uno para los directivos es contar con la voluntad de servir a
quienes los eligen de manera cordial y sin fines particulares. Por lo general
son personas con carisma, vocación servicial y comprometidas con su entorno.
Esto no significa que los gobiernos locales, departamentales o nacional se
laven las manos y dejen a la deriva esta manifestación democrática; por el
contrario, les obliga la necesidad legal de contribuir con inversiones
destinadas a la capacitación permanente de sus líderes, otorgándoles las
herramientas básicas del conocimiento para que puedan desempeñarse de la mejor
manera.

Mientras
los demás espacios democráticos se han convertido casi en su mayoría en rampas
de choques o conflictos por alcanzar una curul o cargo de elección popular, las
juntas de acción comunal, se conservan con su espíritu de servicio colectivo,
gracias que hasta el momento no se ha envenado este ejercicio con el
embrutecedor dinero, que cambiaría el objeto y enmarañaría las metas de la
participación y trabajo comunitario.

Se hace
necesario que la institucionalidad gubernamental priorice dentro de sus
programas de inversión, el apoyo misional de estas organizaciones sin ánimo de
lucro, ya que son el tejido de la sostenibilidad democrática en este país. Como
bien se dice, son la raíz de la democracia, razón para conservar su esencia y
de esta manera permitir la circulación del nutriente comunitario.

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