Leyes sin colchón

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Por: Iván Antonio Jurado Cortés
iajurado@yahoo.com
Colombia es el país en el planeta que más
leyes genera por unidad de tiempo, la mayoría producto de una serie de
situaciones originadas por la cotidianidad ciudadana
, enfocada en razón de cómo
hacer una sociedad ordenada mirándola desde un formato convencional e irreal de
disciplina y comportamiento robotizado.

Si observamos la mayoría de países
europeos, especialmente los del centro y nórdicos, todos se rigen por unas
sólidas estructuras legislativas soportadas en base a la ética, justicia,
legalidad, austeridad, eficiencia y efectividad
al momento de tomar
determinaciones con los ciudadanos. Incluso sus constituciones políticas son
englobadas bajo directrices de convivencia, responsabilidad y participación de
todos los actores de la sociedad que protegen.

Es verdad que una de las funciones y
obligaciones del congreso colombiano fuera del control político es legislar, de
tal manera que se emitan mandatos legales en pro de salvaguardar la integridad
territorial, los intereses colectivos e individuales de la sociedad; sin
embargo esto no es pretexto para actuar desconociendo la realidad de la mayoría
de los colombianos, causando permanente traumatismo en los quehaceres diarios.
Es ridículo leer una ley, cuando la misma lo remite a una eslabonada
normatividad y ‘leguleyada’ que en la mayoría de los casos ya no es aplicable,
ni siquiera están vigentes
. En días pasados un importante analista político
comentaba que la mayoría de colombianos en toda la etapa de su vida no alcanzan
a conocer, leer, mucho menos entender ni el 10% de estos elegantes y bien
redactados textos de la legalidad nacional.
Incluso uno de los artículos de estas ocultas
leyes, manifiesta: “la ley no lo exime de pecado por desconocimiento de la
misma
”, al contrario, hoy en día también es delito no saber que existe una
norma para cada accionar humano. Es tanto así, que para entender un decreto
reglamentario necesariamente se retoma mínimo una treintena de ‘arandelas
jurídicas’ propias de otras disposiciones que encadenadamente conforman un laberinto
legal apto para ingenieros o amantes de rompecabezas sin salida. Es aquí, en
este punto donde se observa la irresponsabilidad y miopía de los llamados
“Padres de la Patria” y gobierno, cuando sin ningún pudor proponen y formulan
mandatos sin el suficiente soporte social, económico y político que finalmente
recalcitraran en la angustiosa necesidad de la comunidad.
Actualmente los entes territoriales locales
vienen afrontando la aplicación de un paquete de leyes, todas a desarrollarse
bajo la responsabilidad directa de los mandatarios locales, obviamente con
recursos propios de los municipios y departamentos que anteriormente cubrían
necesidades básicas de primer orden, y que hoy gracias a la ley tendrán que
entenderse en otros roles hasta hace poco fueran responsabilidad del gobierno
central. En este orden tenemos: Ley de Restitución de Tierras, Ley de Victimas,
Ley de Gestión del Riesgo entre otras, que traducidas al ‘castellano’ no son
más que una presión y sutil sumisión al progresivo exterminio territorial
local
, especialmente a los municipios de quinta y sexta categoría que por sus
condiciones de población, economía y administración no son autosuficientes y
como tal, se verán abocados a la ‘desaparición forzosa’. En otras palabras los
municipios pequeños son ‘víctimas’ de la Ley de Víctimas.
Por estos días en todo el orden nacional se
están elaborando los Planes de Acción Territorial para la prevención, atención,
asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado amparados en
la Ley 1448 de 2011, proyecto que alberga objetivos, metas, indicadores y
presupuesto para atender a estos compatriotas que por desgracia han sido
afectados en su integridad, buen nombre y tranquilidad producto de esta
endémica violencia que enmarca a la sociedad colombiana. En ningún momento se
desea que esta proyección no se cumpla, sino que ésta responsabilidad sea
consorte directo del ente nacional
, ya que tiene los medios y herramientas para
atenderla integralmente. Toda la ley suena muy bonita, incluso es demasiado
ambiciosa, sin embargo el error está en que se ejecute con recursos de los
pobres municipios y departamentos que desde ya se nota no cumplirán con el
objeto.
Al mismo nivel se viene exigiendo el
cumplimiento de otra Ley que trata de la Gestión del Riesgo de Desastres, que
igual a las anteriores, necesariamente debe contar con presupuesto y cronograma
a desarrollar; también los municipios tendrán que asumir la dura tarea al
momento de implementar los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres
. Es en este
lapso de la normatividad donde se evidencia la irresponsabilidad y mala
planificación de los actos legislativos, cuando todo recae sobre los entes
territoriales locales y regionales. Aquí es inviable la ley, ya que si no
cuenta con recursos específicos, todo terminará en proyectos bien maquillados,
de buena letra y en el sueño de los justos. Son leyes sin colchón económico y
asidero real.
Este es un espacio de opinión destinado a
columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas
pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a
este fin por el blog Informativo del Guaico y no reflejan la opinión o posición
de este medio digital.

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