Por Álvaro Camilo Sánchez y Jorge Dueñas Romo*

Cuando en los pasillos del Edificio Manuel Ancizar de la Universidad Nacional de Colombia después de la clase de derecho penal especial de 7 a 9 a.m, preguntan ¿para qué sirve él derecho penal? Se responde al unísono sin meditación alguna: ‘’para nada’’.

El Poeta de Lisboa Fernando Pessoa decía qué ‘’el hombre es un cadáver andante’’, y dio donde era. El derecho penal no sirve para nada, el derecho penal llega a levantar muertos, a poner cintas amarillas, a embalar elementos de prueba, y sobre todo sirve mucho para qué la fiscalía salga en los medios de comunicación a contarnos cuantos presuntos criminales fueron enviados a la cárcel – de esto se alimentan los medios masivos de comunicación, es él morbo al delito lo qué les genera él rating-.

Pero la víctima dentro de esta imitación de sistema procesal penal termina siendo doblemente victimizada. Y, es más, al derecho penal no le importan las víctimas, porque el único amenazado y atacado es él poder punitivo, por eso saca su arma más letal: el castigo, las penas.

En Colombia tenemos la falsa idea de que crear nuevos delitos como el feminicidio, aumentar las penas para los violadores, corruptos, miembros de organizaciones criminales o proponer cosas absurdas como la cadena perpetua para los abusadores de menores de edad va a reducir los delitos o al menos, a poner a pensar al presunto infractor de la norma penal sobre lo mal que le puede ir si infringe la norma, pero esto no es más que una falacia, así lo indican la cifras.

La Ley Rosa Elvira Celi, por medio de la cual se creó el delito de feminicidio se promulgó en el año 2015, lo que motivó a la expedición de esta ley, entre otros factores, es que Colombia ocupa el cuarto lugar en el número de feminicidios en América latina, por debajo de Brasil, Honduras y México, según estadísticas de la CEPAL. En él año 2015 se cometieron en Colombia 135 feminicidios, para el año 2016 aumentó a 329, en él 2018 fueron 650, en el 2021 aumentó 12,3% más qué los años anteriores, y en lo que lleva el 2022 las cifras ya superan los 900.

Algo muy curioso, 8 de cada 10 mujeres víctimas de feminicidio están en el rango de edad de los 17 a los 30 años de edad. Cifras tomadas a priori de los casos denunciados ante Fiscalía, por fuera quedan las víctimas que no se reportaron. Igualmente pasa con el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, a pesar del aumento de las penas y los intentos por imponer la cadena perpetua, los índices aumentan, y el nivel de impunidad ya ronda por el 70%.

Teniendo en cuenta eso, retomamos la pregunta inicial ¿para qué sirve entonces el derecho penal? ¿para qué sirven las penas altas? ¿para qué sirven las condenas mediáticas? ¿realmente el violador o al potente asesino de mujeres le interesa que aumenten o bajen las penas?, se podría responder esto diciendo que el derecho penal no sirve para nada, que las penas altas no intimidan a nadie, que la prevención general o especial no surte ningún efecto en Colombia (entendida la primera como negativa, intimidando a los potenciales delincuentes, o positiva, fortaleciendo la fidelidad u obediencia a las normas de los ciudadanos y la segunda como la que va dirigida al delincuente como tal),  y que el legislador prevarica perdiendo tiempo creando leyes innecesarias, aumentando penas para salvar el voto de confianza de sus electores en vez de legislar en temas relevantes.

El asesino de Lucenith no es solo la persona de la que desconocemos su identidad, sino también una sociedad enferma, machista, esa misma donde las mujeres aún a hoy son obligadas directa o indirectamente a cumplir con estereotipos, que si bien se han ido superando en algunos ámbitos y sectores, aún hacen eco en la mayoría de la población, esa, esa sociedad que les dice a las mujeres que el debito conyugal existe, que debe satisfacer al marido, que los hombres no deben estar en la cocina, que las mujeres no pueden jugar futbol, ni fumar cigarrillo o tomar ‘’cómo los hombres’’. Esa cultura patriarcal en la que nació Lucenith, donde la música le grita puta y sumisa a las mujeres y él comercio nos venda los ojos para hacernos bailar feliz, llenar los estadios en conciertos; esa cultura asesina, que tolera el maltrato a las parejas en lugares distantes de las urbanidades, esa que le dicen a las niñas en las escuelitas que abortar es el peor pecado, y que al padrastro toca complacerlo.

La propuesta entonces está en pensar más allá de las penas privativas de la libertad, y en el ritualismo por perseguir un responsable, creo que es mejor darle más prioridad a las políticas públicas a favor de las mujeres, más acompañamiento en las instituciones a los niños y niñas, a profetizar desde el hogar relaciones de igualdad en cada aspecto de la vida cotidiana, a romper el silencio cuando miremos los abusos.

Nosotros, como comunidad Sandoneña, seremos los verdaderos fiscales en busca de justicia en nombre de Lucenith; si cambiamos de mentalidad, y reconocer la estructura de peligrosidad que se cierne especialmente sobre las mujeres en cada región, seguro salvaremos a miles de Lucenith qué justo en este instante están siendo golpeadas por un agresor blindado de impunidad.

* Abogados

Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin por la página Informativo del Guaico y no reflejan la opinión o posición de este medio digital. 

Por Álvaro Camilo Sánchez y Jorge Dueñas Romo*

Cuando en los pasillos del Edificio Manuel Ancizar de la Universidad Nacional de Colombia después de la clase de derecho penal especial de 7 a 9 a.m, preguntan ¿para qué sirve él derecho penal? Se responde al unísono sin meditación alguna: ‘’para nada’’.

El Poeta de Lisboa Fernando Pessoa decía qué ‘’el hombre es un cadáver andante’’, y dio donde era. El derecho penal no sirve para nada, el derecho penal llega a levantar muertos, a poner cintas amarillas, a embalar elementos de prueba, y sobre todo sirve mucho para qué la fiscalía salga en los medios de comunicación a contarnos cuantos presuntos criminales fueron enviados a la cárcel – de esto se alimentan los medios masivos de comunicación, es él morbo al delito lo qué les genera él rating-.

Pero la víctima dentro de esta imitación de sistema procesal penal termina siendo doblemente victimizada. Y, es más, al derecho penal no le importan las víctimas, porque el único amenazado y atacado es él poder punitivo, por eso saca su arma más letal: el castigo, las penas.

En Colombia tenemos la falsa idea de que crear nuevos delitos como el feminicidio, aumentar las penas para los violadores, corruptos, miembros de organizaciones criminales o proponer cosas absurdas como la cadena perpetua para los abusadores de menores de edad va a reducir los delitos o al menos, a poner a pensar al presunto infractor de la norma penal sobre lo mal que le puede ir si infringe la norma, pero esto no es más que una falacia, así lo indican la cifras.

La Ley Rosa Elvira Celi, por medio de la cual se creó el delito de feminicidio se promulgó en el año 2015, lo que motivó a la expedición de esta ley, entre otros factores, es que Colombia ocupa el cuarto lugar en el número de feminicidios en América latina, por debajo de Brasil, Honduras y México, según estadísticas de la CEPAL. En él año 2015 se cometieron en Colombia 135 feminicidios, para el año 2016 aumentó a 329, en él 2018 fueron 650, en el 2021 aumentó 12,3% más qué los años anteriores, y en lo que lleva el 2022 las cifras ya superan los 900.

Algo muy curioso, 8 de cada 10 mujeres víctimas de feminicidio están en el rango de edad de los 17 a los 30 años de edad. Cifras tomadas a priori de los casos denunciados ante Fiscalía, por fuera quedan las víctimas que no se reportaron. Igualmente pasa con el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, a pesar del aumento de las penas y los intentos por imponer la cadena perpetua, los índices aumentan, y el nivel de impunidad ya ronda por el 70%.

Teniendo en cuenta eso, retomamos la pregunta inicial ¿para qué sirve entonces el derecho penal? ¿para qué sirven las penas altas? ¿para qué sirven las condenas mediáticas? ¿realmente el violador o al potente asesino de mujeres le interesa que aumenten o bajen las penas?, se podría responder esto diciendo que el derecho penal no sirve para nada, que las penas altas no intimidan a nadie, que la prevención general o especial no surte ningún efecto en Colombia (entendida la primera como negativa, intimidando a los potenciales delincuentes, o positiva, fortaleciendo la fidelidad u obediencia a las normas de los ciudadanos y la segunda como la que va dirigida al delincuente como tal),  y que el legislador prevarica perdiendo tiempo creando leyes innecesarias, aumentando penas para salvar el voto de confianza de sus electores en vez de legislar en temas relevantes.

El asesino de Lucenith no es solo la persona de la que desconocemos su identidad, sino también una sociedad enferma, machista, esa misma donde las mujeres aún a hoy son obligadas directa o indirectamente a cumplir con estereotipos, que si bien se han ido superando en algunos ámbitos y sectores, aún hacen eco en la mayoría de la población, esa, esa sociedad que les dice a las mujeres que el debito conyugal existe, que debe satisfacer al marido, que los hombres no deben estar en la cocina, que las mujeres no pueden jugar futbol, ni fumar cigarrillo o tomar ‘’cómo los hombres’’. Esa cultura patriarcal en la que nació Lucenith, donde la música le grita puta y sumisa a las mujeres y él comercio nos venda los ojos para hacernos bailar feliz, llenar los estadios en conciertos; esa cultura asesina, que tolera el maltrato a las parejas en lugares distantes de las urbanidades, esa que le dicen a las niñas en las escuelitas que abortar es el peor pecado, y que al padrastro toca complacerlo.

La propuesta entonces está en pensar más allá de las penas privativas de la libertad, y en el ritualismo por perseguir un responsable, creo que es mejor darle más prioridad a las políticas públicas a favor de las mujeres, más acompañamiento en las instituciones a los niños y niñas, a profetizar desde el hogar relaciones de igualdad en cada aspecto de la vida cotidiana, a romper el silencio cuando miremos los abusos.

Nosotros, como comunidad Sandoneña, seremos los verdaderos fiscales en busca de justicia en nombre de Lucenith; si cambiamos de mentalidad, y reconocer la estructura de peligrosidad que se cierne especialmente sobre las mujeres en cada región, seguro salvaremos a miles de Lucenith qué justo en este instante están siendo golpeadas por un agresor blindado de impunidad.

* Abogados

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