Desde Nod

Por Alejandro García Gómez

Un campanazo de alerta para todas nuestras ciudades suena en
Medellín: aumentan los homicidios contra menores de 11 años, cometidos por
otros menores, de acuerdo con un estudio apoyado por su arquidiócesis y la ONG alemana Misereor. En esta
misma columna (“Comuna 13: Colombia”, 1ª y 2ª entregas, EL MUNDO, Medellín,
DIARIO DEL SUR, Pasto, EL INFORMATIVO DEL GUAICO, Sandoná, septiembre de 2010)
había señalado mi visión de las causas sociopolíticas, geográficas, históricas
y sicosociales de la reproducción de la violencia entre los menores. Mis
propuestas de solución siguen siendo las mismas a corto, mediano y largo plazo.

A corto plazo: es urgente la aplicación de la autoridad
legítima del Estado y una revisión del Código del Menor, con el fortalecimiento
de la Justicia
y protección a quienes la imparten. A corto y mediano plazo: incremento de las
fuentes de empleo de los empresarios privados, sobre todo de los grandes, como
su aporte –hasta hoy avaro en exceso- y no sólo del Estado como hasta ahora,
con el fin de aumentar el grosor de la clase media que fue adelgazado en los
últimos gobiernos, más en el de Uribe con su flexibilización de las leyes
laborales. Desmontar el criminal y neoliberal aumento de los combustibles, en
procura también de aumentar el grosor de la clase media, gravando mucho más los
impuestos de carros particulares de mediana y alta gama y de sus dueños, para
compensar la pérdida. Estamos entre los países con los combustibles automotores
más caros del mundo, y eso que dizque somos “productores” de petróleo.

A largo plazo se necesita volver a proteger a la familia
como centro de la sociedad. Que los lazos familiares vuelvan a ser tan fuertes,
que ningún colombiano se quede por fuera de ellos. Esto nos llevaría por simple
inercia sico-social al paso siguiente: la promoción de la unidad de valores
entre las comunidades lo que nos conllevaría a la solidaridad entre ellas, como
otro resultado de la inercia sico-social. Hay que recordar que son comunidades
formadas a partir del desarraigo violento, y han perdido toda solidaridad
porque, nuevos y desconocidos entre sí, perdieron esos valores comunes en el
desarraigo violento. La Ley
de Tierras frenaría el aún más desbordado crecimiento de las ciudades con sus
secuelas de hacinamiento, miseria, rencor y crimen que se avecina y ayudaría a
renuclearizar las familias colombianas y a arraigar valores comunes entre
ellas, es decir volver nuevamente solidarias a las comunidades. El problema con
esta ley es el empecinado rechazo que ha encontrado en un sector de extrema
derecha –al que algunos llaman derecha sicarial- que ya ha anunciado acciones
amedrentadoras contra la vida e integridad de quienes participen bajo cualquier
forma, manera o título en ella. Así es difícil, ojalá que no imposible. También
lo rechaza una parte de la izquierda.

Como los problemas con sus menores también se multiplicarán,
los gobernantes de ciudades como Pasto –centro de problemáticas nuevas-
deberían empezar a prepararse para un aumento de la violencia a causa del
crecimiento desbordado que sufrirá su geografía humana actual de 500 mil
habitantes, con todas las necesidades actuales. En pocos años (cinco o diez) el
hacinamiento, el desempleo (que ya es alto) y la demanda de servicios del
Estado, desbordará cualquier cálculo, como efecto de la multiplicación del
número de sus habitantes causados por el desplazamiento de los actores
violentos y sus víctimas en búsqueda de nuevas tierras, originado por el Plan
Colombia gringo (Clinton), buscado por Andrés Pastrana y continuado por Álvaro
Uribe.