Por Elsy Melo Maya

Cumpliendo con una política de
Estado, se dicta el decreto presidencial No. 1844 del 1 de octubre del año en
curso, el cual hace referencia a la prohibición de poseer, tener, entregar
distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.

Para nadie es desconocido el
considerable incremento que lamentablemente Colombia registra en cuanto al
número de hectáreas con cultivos ilícitos, siendo nuestro departamento uno de
los mayores cultivadores, tanto que se equipara con el Perú según un informe de
la ONU.

Adicionalmente tampoco es un secreto
que los jibaros, están envenenando a las niñ@s y adolescente; hoy en día el 15%
de la población escolar, ya ha consumido sustancias psicoactivas y un 32% son
considerados adictos. Bajo este panorama, es bien recibido todo esfuerzo que se
haga para controlar el consumo de las drogas y somos los padres y madres de
familia, los más interesados en fortalecer los factores protectores que impidan
que nuestros hij@s sean presa fácil de esta clase de delincuentes, que se
lucran a costa de su salud y bienestar, destruyendo no solo a quienes consumen
dichas sustancias, sino a toda la familia y la comunidad en general, al punto
que este flagelo es considerado un problema de salud pública.

Discrepando de quienes se oponen al
decreto referido, argumentando que la represión no es el camino ni la solución,
no es menos cierto que estas medidas permitirán identificar y sancionar a los
jibaros, controlando así de alguna forma el microtráfico a través del cual se
logra la mayor incidencia en los NNJA (niños, niñas, jóvenes y adolescente) cada
vez a más temprana edad.

Ahora bien, con esta nueva
disposición, será la Fuerza Publica la encargada de darle rigurosa aplicación
con el conocimiento y la responsabilidad que ello implica, para que la medida
produzca los resultados esperados, respetando siempre los derechos
fundamentales de los ciudadanos, quienes seguimos confiando en la
institucionalidad pese a los casos de atropellos y equivocaciones, pues como
siempre lo hemos manifestado, no son responsables las instituciones sino los
funcionarios que por diferentes razones cometen errores y/o actos delictivos,
por los cuales deberán responder frente a un Estado Social de Derecho como lo
es Colombia.

Octubre 8 de 2018

Este es un espacio de opinión destinado a
columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas
pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a
este fin por el blog Informativo del Guaico y no reflejan la opinión o posición
de este medio digital.