El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, marcó el inicio de su transición gubernamental con un fuerte pronunciamiento en materia de seguridad nacional. Tras recibir su credencial oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el nuevo mandatario concedió un plazo perentorio de un mes a todas las organizaciones armadas ilegales que operan en el país para someterse a la justicia ordinaria, advirtiendo que su administración no mantendrá la política de “Paz Total” ni ofrecerá concesiones extraordinarias.

Durante su discurso en el pabellón 5 de Corferias, en Bogotá, De la Espriella, fue enfático al declarar: “Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho”. El mandatario electo calificó como una “asqueante y vergonzosa connivencia” la relación del saliente gobierno de Gustavo Petro con las estructuras de criminalidad organizada, asegurando que en su período constitucional (2026-2030) imperará únicamente el imperio de la ley, respaldado por toda la capacidad ofensiva de la Fuerza Pública.

Este drástico giro en la seguridad ocurre tras la ratificación oficial de su triunfo electoral por parte del CNE el pasado 24 de junio. El escrutinio definitivo confirmó que De la Espriella obtuvo un total de 12.960.166 votos, superando a Iván Cepeda, de la coalición Pacto Histórico, quien sumó 12.708.312 sufragios. Aunque la diferencia fue estrecha, Cepeda reconoció oficialmente el resultado , y la bancada de su partido anunció que se declarará en oposición firme y democrática en el Congreso.

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La hoja de ruta de la transición

De cara a la posesión del próximo 7 de agosto, el equipo del nuevo mandatario ya define sus prioridades. En el ámbito de la justicia, el excongresista Rodrigo Lara se proyecta para asumir la cartera ministerial, un nombramiento con alta carga simbólica al ser hijo del asesinado ministro Rodrigo Lara Bonilla.

En materia social, el coordinador programático de salud, Iván Sánchez, ya lidera encuentros con EPS, IPS y farmacéuticas para estructurar el “Plan Arca de Noé”. Esta estrategia funcionará como un plan de choque durante los primeros 90 días del gobierno entrante para mitigar la crisis financiera y humanitaria del sector salud. Asimismo, el mandatario electo anunció que ordenará una auditoría estatal profunda e inmediata al asumir su cargo con el fin de evaluar el estado financiero de las instituciones públicas.

Tensiones y reacciones en los territorios

La postura de fuerza del nuevo gobierno ya genera fricciones con las principales organizaciones al margen de la ley. Alias Yerson, uno de los líderes de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), declaró recientemente que la organización guerrillera está dispuesta a sentarse a dialogar con el gobierno entrante, pero advirtió que “el ELN no va a desaparecer por una ofensiva fuerte”. Esto ocurre meses después de que la campaña de De la Espriella denunciara amenazas en su contra atribuidas a esa guerrilla, las cuales fueron calificadas por el comando del ELN como un “show publicitario” de campaña.

Por su parte, el panorama con el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— se torna complejo. Apenas unas horas después de la entrega de credenciales a De la Espriella, se suspendió y aplazó el inicio programado de la “Zona de Ubicación Temporal” del grupo armado en el departamento de Córdoba. En paralelo, Gloria Gaitán, hija del histórico líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, solicitó formalmente al nuevo presidente derogar la Resolución 294 de 2025, mediante la cual el gobierno saliente reconoció al Clan del Golfo bajo la denominación “gaitanista”, calificando el uso del apellido de su padre como un “acto de memoricidio” y una grave afrenta moral.

Voces críticas frente a la viabilidad del plan

El modelo de seguridad propuesto por De la Espriella, centrado en la coerción militar y el sometimiento estricto, divide opiniones en la academia. El profesor universitario Juvenal Bolívar, experto en conflicto armado, advirtió sobre las limitaciones de este enfoque. Según Bolívar, los ultimátums de corto plazo tienen una notable “eficacia mediática para consolidar la autoridad”, pero rara vez producen soluciones estructurales.

Bolívar argumenta que la memoria histórica de desmovilizaciones fallidas, como el exterminio de la Unión Patriótica en la década de 1980, actúa como un elemento disuasivo para que los combatientes entreguen las armas. Del mismo modo, advierte que responder exclusivamente con coerción militar a problemáticas arraigadas en la exclusión y financiadas por las rentas del narcotráfico puede contener temporalmente la violencia, pero difícilmente logrará desmantelar las bases del crimen organizado de manera permanente en los territorios olvidados del país.

Investigación realizada con Gemini

Fuentes: El Tiempo, Pulso, El Nuevo Día, Diario Las Américas y El Colombiano

Foto: Noticias Caracol