Teniendo en cuenta la proximidad de la Navidad y fiestas de fin de año la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Nariño, Alba Cecilia Chamorro Carvajal, compromete la responsabilidad de los grupos familiares, administraciones municipales, organizaciones sociales y autoridades públicas responsables del cuidado y protección de las niñas, los niños y adolescentes para  evitar que estas celebraciones se conviertan en tragedia para nuestra niñez y adolescencia.

Invita a las madres y padres de familia y a los adultos  responsables del cuidado y protección de los niños y niñas a prevenir las lesiones,  quemaduras  y discapacidades producidas por la pólvora, ya que el evitarlo es una responsabilidad y compromiso que comienza en cada hogar, y asegura que “las lesiones, mutilaciones y daños causados por el uso inadecuado, indiscriminado e irresponsable de la pólvora es una forma de maltrato infantil por descuido y negligencia”.

Recomienda tener especial cuidado con el uso inapropiado de la pólvora, puesto que algunas presentaciones como los diablillos y totes están hechas con fósforo blanco, que  puede ser ingerido de modo accidental y directo por niños y niñas en su primera infancia, o al quedarles restos en las manos les puede causar luego  graves lesiones permanentes  e incluso hasta mortales intoxicaciones.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar participa en las jornadas de trabajo lideradas por la Secretaria de Gobierno del Departamento de Nariño y la Secretaría de Salud del municipio de Pasto, con el propósito de avanzar en el componente específico de la estrategia de comunicación  y movilización social para prevenir y evitar el daño a la integridad personal y ambiental causado por el uso inadecuado de la pólvora.

La directora del ICBF en Nariño explica que en el caso de haber niños, niñas  y adolescentes quemados con pólvora se hará el correspondiente Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos a las víctimas, incluyendo según sea cada caso la  amonestación pedagógica consistente en la participación obligatoria de sus familias que deberán realizar un curso formativo en pautas de crianza, y según la gravedad de las circunstancias los infantes y adolescentes pueden ser protegidos en hogares sustitutos o instituciones de protección, e incluso en caso extremo, cuando se producen mutilaciones y discapacidades severas  las familias pueden perder la patria potestad.