En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo entre cuatro y seis meses a nueve concejales del municipio de Ipiales, en Nariño, por incurrir en irregularidades administrativas al realizar una sesión fuera de la sede establecida legalmente para el funcionamiento de la corporación.

Los hechos ocurrieron el 29 de febrero de 2024 en el corregimiento de La Victoria, donde los cabildantes debatieron y aprobaron varios proyectos de acuerdo, entre ellos el Acuerdo Municipal 002 de 2024, mediante el cual se estableció el reconocimiento y pago de honorarios para los miembros de la Junta de Acción Local (JAL) y se actualizó la escala de viáticos para el alcalde y los concejales del municipio.

Tras evaluar el caso, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto determinó suspender por cuatro meses a los concejales David Fernando Almeida Paredes, William Orlando Benavides Rosero, Iván Darío Chalaca Díaz, Adrián Alberto Guerrero Romero, Carlos Alberto Hualpa, Raúl Lizandro Malpud, Franco Mauricio Portillo Paredes y Edmar Antonio Rosero Estupiñán.

Según el organismo de control, los concejales infringieron disposiciones del Código General Disciplinario y vulneraron los principios de moralidad y legalidad que rigen el ejercicio de la función pública.

En el caso de Miguel Alejandro Huertas Erazo, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal, la sanción impuesta fue de seis meses de suspensión. Sin embargo, debido a que presentó su renuncia al cargo, la medida fue convertida en una multa cercana a los 26 millones de pesos.

La Procuraduría precisó que la decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que los concejales sancionados podrán interponer recurso de apelación dentro de los términos legales establecidos.

Fuente: Procuraduría General de la Nación