Por Pablo Emilio Obando

peobando@gmail.com

“Cerca
del 58 por ciento de los proyectos que se han aprobado en los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, no se han ejecutado. Estas son
iniciativas que presentan alcaldías y gobernaciones para que sean financiadas
con recursos de regalías”.  Así inicia el
informe periodístico de la revista especializada en temas económicos Portafolio
en su edición de junio de 2015, proyectos que, en su gran mayoría, contemplan
aspectos relacionados con la salud, la educación, infraestructura, acueductos,
alcantarillados, ciencia, tecnología, nutrición y atención a la primera
infancia, la niñez y la adolescencia; lo paradójico es que mientras existen
millonarios recursos, los proyectos no se ejecutan por simple negligencia
administrativa dejando una secuela de muerte, pobreza, atraso,  marginamiento e inequidad económico social.

Los recursos perdidos o dejados de ejecutar
por las entidades territoriales, departamentos y municipios, son astronómicos,
pues según informe de la Contraloría “son cerca de 3,6 billones de pesos para
proyectos de saneamiento básico, educación, salud, infraestructura, entre
otros, que están congelados porque no han sido contratados por las entidades
encargadas”.  Deplorable crimen que se
comete sin una sola bala, sin una sola bomba, sin una sola arma pero que
produce efectos más nocivos que los generados por todas las guerrillas del mundo,
y lo grave del asunto es que son gobernadores y alcaldes quienes cometen esta
injusticia social sumiendo a sus gobernados en la más cruel de las pobrezas, el
hambre o la falta de atención médica o nutricional. Debido a esa negligencia se han perdido para
los municipios y departamentos de Colombia hospitales, centros de salud,
escuelas, carreteras, programas de asistencia nutricional infantil, parques
recreacionales o  centros de acopio
alimentario.

Por la gravedad de los hechos y sus efectos
sociales el Contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, propone
sanciones para las entidades territoriales que teniendo aprobados los recursos
no ejecutan las obras y considera que “esa conducta que están ejerciendo alcaldes y gobernadores en el manejo
de las regalías puede trascender más allá de la simple omisión, no solamente en
el tema del daño fiscal sino en el tema disciplinario y legal”, aclara el
Contralor que “la ley permite a las entidades hasta un año de plazo para
contratar estos proyectos, si no se hace en este plazo, entonces los recursos
son liberados y se pueden presentar nuevamente para la aprobación del Ocad”. Al
decir que los recursos son liberados simple y llanamente quiere expresar que
esos multimillonarios recursos dejados de ejecutar por gobernaciones y
municipios se llevan o destinan a otras regiones donde sus gobernadores y
alcaldes son más eficientes en la ejecución de esos recursos y, como quien
dice, por bobos y pendejos pierden su gran oportunidad de desarrollo e inversión
social.  Muchas regiones se quedan sin
hospitales, sin escuelas, sin acueducto o alcantarillado por simple negligencia
administrativa de gobernadores y alcaldes que contando con recursos no saben,
no pueden o no quieren ejecutarlo.

Lo triste y lamentable para los nariñenses es
que nuestra región figura como la primera en no ejecutar recursos aprobados por
regalías, pues, en su orden, según la revista Portafolio, las entidades
territoriales que no ejecutan los proyectos aprobados son “Nariño, Valle, Cauca,
Chocó, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca”.  Duele saber que ocupamos los primeros lugares
en pobreza y miseria, pero lacera más saber que teniendo recursos no los
ejecutamos por negligencia administrativa. Para nadie es un  secreto que cerca del setenta por ciento de
nuestro departamento adolece de aspectos tan básicos como acueducto o
alcantarillado, que la infraestructura vial requiere con urgencia intervención
económica, que ocupamos vergonzosamente los primeros puestos en mortalidad infantil,
que muchas poblaciones no cuentan con un simple centro de salud y mucho menos
un hospital, que muchos centro educativos se caen a pedazos; pero que las
razones obedecen a negligencia administrativa. Nos unimos a la voz del
Contralor cuando expresa  que “esa
conducta que están ejerciendo alcaldes y gobernadores en el manejo de las
regalías puede trascender más allá de la simple omisión, no solamente en el
tema del daño fiscal sino en el tema disciplinario y legal”, así debe ser pues
esa negligencia es la causante del atraso y la miseria de sus regiones y su
gente.

Doloroso que los recursos provenientes de
regalías de los nariñenses deban “reinvertirse” en otros departamentos y
municipios dejándonos sumidos en la más atroz de las miserias, convertidos en
ciudadanos de tercera sin derechos a agua potable o alcantarillado, lamentable
que sigan muriendo niños de hambre o por falta de asistencia médica.
Necesitamos hablar con claridad, poner el dedo en la llaga y comenzar desde ya
una cruzada por la recuperación de esos multimillonarios recursos que se nos
están escapando de las manos, no podemos continuar mirando el desarrollo con el
rabillo del ojo, requerimos con urgencia unos gobernantes que entiendan su
compromiso con las regiones y que lideren la planeación, formulación y
ejecución de proyectos con recursos de regalías.  Es prioritario la formación de profesionales
en este campo, solo así alcanzaremos los niveles de desarrollo que nos permitan
considerarnos un pueblo digno y culto. No podemos perder un peso más pues
nuestras poblaciones ya han soportado durante décadas el abandono estatal y hoy
que está en nuestras manos subsanar tanta pobreza y miseria no podemos darnos
el lujo de ser negligentes y causantes por mano propia de tanto dolor.  ¡!!Nariño merece respeto, merece futuro!!!

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