Visión de mujer

Por Elsy Melo Maya

elsy.ya@hotmail.com

El pronunciamiento después de casi tres años,
sobre la revocatoria del Alcalde de Bogotá, ha despertado toda clase de
análisis y comentarios; no es para menos y más cuando se produce en medio del escándalo judicial que aún no termina.
Pareciera que se está volviendo costumbre calmar un escándalo con otro. Lo cierto es que el tema es interesante
porque vuelve a poner sobre el tapete el tema de la revocatoria para los
alcaldes y gobernadores, quienes por no
dar cumplimiento a su programa de gobierno, pueden verse avocados a enfrentar
este mecanismo de participación popular. Buen tema para este año electoral.

Si revisamos un poco, del artículo 40 de la
C.N. se desprende que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, a
tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos y consultas
populares,   pero así mismo como puede elegir al candidato de su preferencia, también le asiste el derecho a revocar el mandato
otorgado, en los casos y de la forma
establecida por la normatividad. Por su parte el artículo 259 ibídem, les impone como mandato a los candidatos a gobernaciones y
alcaldías,  cumplir el programa de
gobierno el cual hace parte integral de la inscripción ante las autoridades
electorales.

La verdad es que si esto se cumpliera y de manera oportuna, más de un mandatario
sería objeto de revocatoria; para nadie es desconocido que no en pocos
municipios, el programa de gobierno
termina convertido en un rosario de
compromisos que nunca se cumplen o en un escrito tan general, que difícilmente
permite establecer su incumplimiento y como para todo hay explicación o excusa, el mecanismo de la revocatoria se
vuelve inaplicable. A ello adicionémosle el largo camino  que se debe recorrer antes de llegar a las
urnas para decidir sobre la misma.

Ahora bien, si el objetivo de  la medida es relevar a un mandatario de su
cargo por no cumplir con el programa inscrito, qué sentido tiene realizarla en el caso Petro si casi termina el periodo para el cual fue
elegido y en consecuencia bien o mal, está
terminando el mandato que le fue otorgado; a ello se suma el elevado costo económico que pagaríamos los
colombianos. Demasiadas son las necesidades del país, para invertir en algo que
terminaría siendo algo así como una sanción moral.

Marzo 23 de 2015

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